En Balears, pese a su notable nivel de renta y a la salud de su economía, no es oro todo lo que reluce. Más de 10.000 personas han sobrevivido este verano gracias a la renta básica social que aporta el Ejecutivo autonómico. Son personas que perciben un mínimo de 429 euros al mes, un dinero que puede aumentar hasta los 776 si se trata de familias. Es pura supervivencia. A ello hay que añadir los miles de ciudadanos que cobran una pensión no contributiva por incapacidad o jubilación, también necesitados de apoyo institucional. Muchos viven al borde de la marginalidad y representan la otra cara de la moneda de una comunidad próspera que no debe olvidar su vertiente solidaria.
Sociedad desarrollada.
La ciudadanía en su conjunto ha de saber valorar este esfuerzo público para dar ayudas de supervivencia a los que más lo necesitan. Las consecuencias de esta acción de apoyo son muy importantes, ya que se evitan guetos y núcleos de marginalidad, con el evidente peligro de que algunos de sus miembros caigan en la delincuencia. Además, estas ayudas constituyen un evidente factor de integración, ya que los beneficiados no se sienten ni solos ni abandonados, y mantienen la esperanza de integrarse con vigor dentro de una sociedad que no les ha dejado de lado en sus horas más bajas.
Dinero bien invertido.
El esfuerzo del pago de las nóminas de la renta social básica supera los 16 millones de euros. Es una cantidad muy respetable dadas las grandes necesidades de la economía balear, aparte de la deuda pública que se arrastra desde los tiempos de la crisis. Pero es un gasto que dignifica. Lograr que haya personas y familias que no sufran y palien su miedo por el futuro es un tranquilizante y un orgullo para todo el cuerpo social. Una colectividad no puede considerarse relativamente rica, culta y estructuralmente sana si no es capaz de hacer avanzar a los más desprotegidos.
