El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha situado en la agenda política la exhumación de los restos del general Franco del Valle de los Caídos, una decisión coherente con el espíritu de la Ley de Memoria Histórica. No tiene sentido la presencia del dictador en un edificio de titularidad pública cuyo principal fin no es otro que rendirle homenaje, una cuestión que por prudencia primero y desidia después todos los gobiernos democráticos no han querido abordar. Ahora ha llegado el momento, pero ello no significa que se deba actuar de manera precipitada.
La fórmula
Para evitar que se prolongue la polémica, el Gobierno ha optado por recurrir a la fórmula del decreto ley y así acelerar la exhumación del cadáver de Franco. La medida, reservada para cuestiones de urgencia, ha sido muy criticada –la familia del dictador y las organizaciones franquistas se oponen– aunque lo que se pretende desde el Ejecutivo es zanjar la cuestión cuanto antes. Las prisas están impidiendo abordar la imprescindible reconversión del Valle de los Caídos para que deje de ser el memorial icónico de los nostálgicos de la Dictadura, una anomalía impensable en cualquier otro país democrático de nuestro entorno.
El futuro del conjunto político religioso más emblemático del franquismo debe ser redefinido y adaptado a los tiempos actuales, un debate que se está marginando inexplicablemente en su momento más oportuno.
Acabar con el franquismo
El franquismo supone una de las etapas más infames y dolorosas de la historia de España, por eso es preciso ir cerrando las heridas que buena parte de la sociedad española todavía considera abiertas; y una de ellas es el complejo de Cuelgamuros convertido en un centro de exaltación de cuatro décadas de régimen fascista en nuestro país. Sin venganza pero con determinación, el cadáver de Franco tiene que salir del Valle de los Caídos.
