02/08/18 4:01
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni no parece ser consciente de que sus impedimentos burocráticos a la puesta en funcionamiento del chiringuito de Cala Gració, que está instalado desde el 22 de mayo con el permiso de la Demarcación de Costas otorgado en 2017 y el informe a favor del Govern balear y del propio consistorio portmanyí que preside Josep Tur ‘Cires', puede acabar costando caras. Y es que es una arbitrariedad informar a favor de la concesión de un permiso y posteriormente, a la vista de la protesta de unas pocas personas, impedir que funcione. Si la querella criminal que ha presentado la empresa del quiosco contra el alcalde, la concejala de Urbanismo y dos técnicos municipales acaba siendo admitida a trámite, cosa que bien pudiera suceder, volveremos a ver otra vez desfilar por los juzgados a políticos de Sant Antoni, cosa que ya no es rara ni excepcional.

Los trabajadores al paro.
Por de pronto la broma ya le ha costado el puesto de trabajo a cinco trabajadores, a quienes la inspección de trabajo ordenó despedir puesto que no se desarrolla la actividad para la que fueron contratados. Ni que decir tiene que la empresa Bambagas reclamará los cuantiosos perjuicios derivados de los impedimentos que ha puesto el Ayuntamiento una vez que el chiringuito estuvo instalado, cosa que jamás hizo anteriormente ni cuando informó favorablemente el expediente de Costas.

Informes ‘ad hoc'.
Se diría que el consistorio ha encargado dictámenes ‘ad hoc' para impedir la actividad del chiringuito, que no la instalación. El secretario municipal considera que el quiosco cumple con la legalidad. Aún así ‘Cires' y sus concejales están determinados a impedir la actividad del chiringuito, cosa que debieron pensar antes informando negativamente y no ahora, retorciendo la ley y encargando informes externos -que no pagarán ellos, obviamente, aunque deberían hacerlo- con los que expiar su pecado de informar a favor de la instalación de un chiringuito en la costa donde nunca antes hubo uno. Pero quizás piensan demasiado en el coste político y demasiado poco en el coste judicial de esta maniobra que no puede salir bien.