El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) hizo pública el pasado viernes la encuesta interna sobre los tiempos de tramitación en los ayuntamientos de las licencias de obras. El trabajo no es exhaustivo pero confirma la percepción ciudadana.

El retraso medio en Balears es de 16 meses para la obtención de los preceptivos permisos cuando, según la legislación vigente, el plazo máximo es de tres meses; cinco veces más del tiempo permitido. Y en Ibiza el dato es más grave: 28 meses de espera. Como bien advierte el propio COAIB en las conclusiones del estudio, estos retrasos son el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de las ilegalidades; tanto en suelo urbano como rústico.

Esta es, quizá, la advertencia más grave que deberían atender con urgencia los responsables de todas las instituciones implicadas.

Inseguridad jurídica

Los retrasos que se acumulan en la tramitación de las licencias de obra responden, como señala el propio COAIB, a diversas causas pero hay que señalar dos como principales: la falta de medios técnicos y de personal en los diferentes departamentos de Urbanismo en los ayuntamientos y, también, una tramitación farragosa en la que participan organismos pertenecientes a diferentes administraciones.

Todo, al final, acaba generando una dinámica en la que el ciudadano –el promotor, en este caso– es el principal perjudicado. Todo ello se traduce en una manifiesta inseguridad jurídica que compromete de manera muy directa las inversiones.

Compromisos serios

El sondeo del COAIB refleja un problema muy grave y merece ser analizado en profundidad para aplicar soluciones rápidas. Los arquitectos proponen una simplificación de la normativa y la generación de un marco jurídico estable. Sería un posible punto de partida para el necesario encuentro de intereses entre la Administración y los ciudadanos. La actual situación es inaceptable. Es preciso aportar soluciones.