Eivissa05/07/18 4:01
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La titular de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, anunció ayer el compromiso de concertación de hasta 300 plazas en residencias de nueva construcción para personas dependientes; una fórmula de cooperación con la iniciativa privada inédita en Balears. La medida pretende completar el esfuerzo del Govern en esta materia cuando hay más de un millar de solicitudes pendientes de atender, todo un ejercicio de pragmatismo en un área de especial sensibilidad social. El pretexto de la falta de suelo público es, quizá, el punto más débil de la argumentación de la consellera para explicar la nueva estrategia.

Una necesidad real.
Santiago ha logrado situar en el orden de prioridades del Govern la atención de la tercera edad, en especial de aquellos que requieren más cuidados. El gran proyecto de remodelación del complejo de Son Dureta es buen ejemplo de ello. El progresivo envejecimiento de la población y los cambios estructurales en nuestra sociedad han disparado la demanda de residencias, una dinámica a la que se quiere hacer frente sin reparar en cuestiones ideológicas. Resulta sorprendente que desde formaciones de izquierda sa defienda la intervención privada garantizando el concierto público de plazas, una fórmula muy criticada dentro y fuera de nuestra comunidad cuando se ha puesto en práctica.

Superar los prejuicios.
Hay que celebrar, en todo caso, la superación de determinados prejuicios; y más cuando se trata de garantizar y mejorar la atención de los ciudadanos. Así parece haberlo entendido el departamento del que es responsable Fina Santiago, dispuesta a compatibilizar la inversión pública y la privada en un terreno tan exigente como es el de las personas dependientes. Con una lista de espera tan abultada, la respuesta de la Administración no puede demorarse por cuestiones secundarias o de procedimiento. No resolver el problema es lo que no entenderá nunca el ciudadano.