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La decisión del ingreso en prisión sin fianza, dictada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, de los dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, ha introducido un nuevo elemento de tensión en el conflicto secesionista de Catalunya que enfrenta al Gobierno central y la Generalitat. A la espera de la resolución de los anunciados recursos, el encarcelamiento de ‘los Jordis' –como se les conoce en el movimiento independentista– es una medida extraordinaria como también lo es la situación en la que está inmerso el Estado. Y cabe recordar, no obstante, que el grave delito que se les imputa a los encarcelados es el de sedición, castigado con hasta 15 años de prisión.

La ley es para todos. El cualquier Estado de Derecho que se precie, nadie puede saltarse la ley: ya sea un político, un empresario o un ciudadano de a pie. Tildar de presos políticos a ‘los Jordis' es una gran falsedad porque ambos no están en prisión por sus ideas políticas sino porque la Justicia considera que cometieron un delito. También hay quienes sostienen que el Gobierno utiliza la vía judicial con fines políticos apoyándose en las Fiscalía. Sin embargo, olvidan que la decisión final de enviar a alguien a la cárcel corresponde en última instancia a los jueces, quienes tienen total independencia gracias a la separación de poderes que rige toda democracia.

El valor de los sentimientos. Desde el Gobierno se ha despreciado en cierta medida el valor sentimental que, con habilidad, se explica desde el entorno independentista y que tiene un enorme eco internacional. Las cargas policiales del 1-O fueron una buena prueba de ello. Las manifestaciones de anoche en apoyo de Sánchez y Cuixart volvieron a dejar patente que el músculo independentista en Catalunya no pierde vigor.