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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, activó ayer el artículo 155 de la Constitución para neutralizar la deriva secesionista en Catalunya que encabeza Carles Puigdemont, cuya declaración del martes en el Parlament acabó convirtiéndose en una pirueta dialéctica que no convenció a nadie; y menos a sus socios de la CUP. El Gobierno central trata de acorralar el soberanismo catalán, desconcertado por la reacción empresarial interna y la soledad internacional ante su iniciativa, pero deberá pagar un importante precio político por ello: la reforma constitucional postergada desde 2015 tras anunciarla el propio Rajoy en Marivent. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha puesto precio a su apoyo al Gobierno para frenar las ansias independentistas en Catalunya.

Una intervención delicada. Rajoy ha logrado una considerable ventaja política frente a Puigdemont, el anuncio de la aplicación de la vía que abre el artículo 155 de la Constitución –con el apoyo explícito del PSOE y C's– redirecciona sobre la Generalitat, a cuyo presidente insta para que aclare su confusa declaración de independencia durante su comparecencia, toda la tensión política. Sin embargo, el conflicto está lejos de haber quedado resuelto. Intervenir la autonomía catalana supone entrar en un espacio político inédito en España, y principal error del Gobierno sería utilizar esta herramienta jurídica para humillar las instituciones de Catalunya.

El encaje de Cataluña. Abrir la reforma de la Constitución de 1978 es una oportunidad única para modernizar el Estado, adaptarlo a las nuevas exigencias del encaje político –que obligará a contemplar las consultas territoriales– y económico no sólo de Catalunya; también del resto de las comunidades. Pedro Sánchez ha forzado la apertura de un debate que el Gobierno no le será fácil contener si no logra concitar un importante consenso con las principales fuerzas estatales. La pelota no está sólo en el tejado de Puigdemont.