La decisión de la Conselleria de Turisme de comenzar a multar a final de mes a las web que comercializan la oferta del alquiler vacacional ha de valorarse como un paso hacia la erradicación de esta práctica, muy extendida estos últimos años, y a la que se acusa de potenciar la masificación, dañar la imagen turística de Mallorca, atraer clientela barata y disparar el precio de los alquileres residenciales. Las sanciones a las que se enfrentan estas comercializadoras puede alcanzar los 400.000 euros, si no retiran a los ofertantes que carecen de permiso de la Conselleria.

Un auténtico desbarajuste. Las últimas temporadas altas de Balears han sido un desbarajuste. Se ha llegado al extremo de que los ecologistas y la FederaciónHotelera han coincidido en sus análisis y en sus críticas, algo inaudito. Las causas del desorden son la llegada masiva de turistas por los problemas en otros destinos y el impulso del alquiler vacacional, que está en auge en el mundo entero y que aquí se ha declarado ilegal. EnBalears, esta modalidad turística se ha reproducido por todas partes, desde los barrios más exclusivos de Palma a los porches de montaña sin agua ni electricidad.

Problema político delicado. Pero parte de los que se dedican al alquiler vacacional son simples propietarios urbanos con niveles de renta a menudo precarios, y castigados por la crisis. Arrendar su casa por días o semanas es un sacrificio personal que les permite aliviar las estrecheces. Por tanto, esta actitud ‘legalista’ puede tener un coste electoral importante para la izquierda. Sin una web que les anuncie, los dueños de inmuebles tendrán enormes dificultades para alquilar. Pero hay maneras de burlar la normativa, como esconderse detrás de sociedades o personas tapadera en el extranjero. Es muy difícil que las leyes impidan las tendencias naturales del mercado, y el alquiler vacacional es, sin duda, una de ellas. Por eso, habría sido mejor regularlo antes que prohibirlo.