Eivissa19/07/17 4:00
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El texto aprobado ayer en el Parlament en nada aclara sobre la nueva regulación del alquiler turístico, una ley de capital importancia para miles de ciudadanos que sigue sumida en la confusión y la imprecisión legal. La división interna del Pacte ha acabado alumbrando una retahíla de artículos en algunos casos contradictorios, además de seguir dejando en manos de los diferentes ayuntamientos y consells insulares la reglamentación de una actividad de enorme impacto social y económico en Balears. Este viaje político no merecía estas alforjas, entre otras razones porque Podemos ha permitido que sobreviva un artículo de la ‘ley Delgado' del PP, de la anterior legislatura, que prohíbe el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares.

Conflicto competencial.
El intento por dotar a Balears de un marco jurídico y reglamentario del alquiler turístico, un fenómeno que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, carece –en opinión de los expertos– del ámbito competencial suficiente frente a la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente. El conflicto entre ambos textos es obvio y desde el Gobierno central ya se ha advertido de la inconstitucionalidad de la ley autonómica. Negar o prohibir el alquiler turístico, con el actual marco jurídico, es una quimera; los esfuerzos deberían centrarse en evitar el fraude fiscal y garantizar una oferta de calidad. Apelar a la ‘emergencia habitacional' para justificar el apaño aprobado ayer en el Parlament dice poco en favor de sus responsables.

Consenso y compromiso.
El alquiler turístico, sin duda, está modificando la estructura social y económica en barrios de nuestras ciudades –Palma en especial–, en su vertiente positiva y negativa, pero también está revitalizando numerosas localidades del interior y aportanto importantes complementos de renta a numerosas familias. Todo ello requiere una ley con amplios apoyos políticos y con disposiciones que respondan a las necesidades ciudadanas.