La tutela legal del Gobierno sobre Balears

La uniformidad como norma. Una lectura restrictiva de la Constitución o una dinámica centralista que no se ha logrado romper desde 1978 en España arroja, como es en el caso de Balears, este saldo de doce iniciativas cuestionadas desde el Gobierno. Esta falta de sintonía se acrecienta cuando el color político de los gestores públicos no coincide en Palma y en Madrid. Entonces, los reparos crecen, aunque cabe suponer que la orientación política de las normas responde, en cada caso, a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. La gestión de ambos intereses no es sencilla, pero determinados mecanismos de control y veto del Gobierno central merecen ser revisados a fondo.

Huir del victimismo. No se trata de avalar el victimismo sistemático, que en algunas comunidades se ha convertido en una estrategia política muy extendida, pero no cabe duda que Balears también merece poder dotarse de un marco normativo acorde con la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos. Y este es un principio que desde la Administración central se sigue cuestionando o, en todo caso, analizado con suspicacia. Más allá de aventuras legislativas de incierto futuro –los toros ‘a la balear' podría ser un ejemplo–, lo cierto es que los inconvenientes jurídicos desde Madrid comprometen algunas iniciativas trascendentales desde la perspectiva social y económica de las Islas. Y esto es más serio.