El miércoles se celebró en la Audiencia Nacional el juicio al rapero mallorquín Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, al que el fiscal le pide tres años y tres meses de cárcel por injurias al Rey y enaltecimiento del terrorismo en una de sus canciones. La vista ha generado una considerable expectación mediática en el Estado, entre otras razones porque pone otra vez sobre el tapete los límites de la libertad de expresión, aunque sea, como en esta ocasión, con una crítica descarnada y soez a la institución monárquica.
Petición exagerada. Reclamar más de tres años de prisión a Valtonyc, como hace el ministerio público, resulta a todas luces exagerado. Es evidente que la injuria no puede quedar impune, sea quien sea el destinatario –en este caso el jefe del Estado–, pero en esta ocasión da la impresión de que se está sobredimensionando la trascendencia del tema que interpreta el rapero, encargo, por cierto, del actual secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En la esencia del estilo del rap –tan en boga en la actualidad– está el trazo grueso, directo y grosero del mensaje. Es la canción protesta de un sector de la ciudadanía, en el caso de Valtonyc de ideología radical, que tiene, sin duda, su público. Decenas de miles de personas han escuchado las estrofas hirientes, y algunas por supuesto desafortunadas, del joven mallorquín.
Algunos precedentes. Que asuntos como el de Valtonyc acaben en la Audiencia Nacional obliga a revisar los procedimientos. El juicio no tiene la entidad suficiente para ser sometido a la consideración de un tribunal especial. Sin embargo, la cuestión de fondo reside en la proliferación de sumarios judiciales que aparecen vinculados con chistes o representaciones artísticas, casi siempre de dudoso buen gusto pero que un régimen de libertades como el que se disfruta en España debería ser capaz de asimilar. La sentencia a Valtonyc apuntará dónde se pone ahora la frontera.
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