Más empleados públicos, más gasto público

Recortes imposibles. Bauzá trató de transmitir la sensación de que los trabajadores públicos eran un colectivo privilegiado y en buena medida ocioso, bases previas para justificar una ofensiva de despidos que se ha saldado con una previsión de costes de nada más y nada menos que de 16 millones de euros. Poner orden en la constelación de empresas públicas del Govern era, sin duda, una tarea inaplazable. Lo que no es tan razonable es acumular indemnizaciones laborales por un importe tan considerable, lo cual hace suponer que se actuó sin criterios de oportunidad y eficiencia.

La realidad se impone. Lo más lamentable de todo este proceso es su falsedad respecto a los objetivos, los recortes no fueron tales –se limitaron al personal vinculado a las consellerías– y, lo que todavía es peor, se utilizaron con fines electoralistas. Sólo así se entiende que en el último año la contratación de la Administración autonómica se disparase en 1.826 trabajadores, en especial en las áreas de asistencia sanitaria y docencia. La imposibilidad de seguir prestando con garantías servicios públicos básicos, confirmó que muchos despidos podrían haber evitado buscando fórmulas inteligentes de eficiencia en el seno de la Administración. Al final todo se ha destapado, en su conjunto, como una operación de maquillaje político, la táctica preferida de Bauzá para aplazar el problema o, como en este caso, transferirla a sus sucesores en el Govern.