El naufragio de un pesquero con más de 700 inmigrantes ilegales a bordo que pretendían llegar a las costas italiana procedentes de Libia no puede dejar impasible a la comunidad internacional, en especial a la Unión Europea que se muestra incapaz de articular un programa de control eficaz de sus fronteras y de ayuda a los países que tienen que luchar, por sus propios medios, contra mafias organizadas que trafican con la ilusión de miles de personas. Las cifras estadísticas de este año reflejan un dramático incremento de las muertes en alta mar, mientras que la cifra de rescatados desborda la capacidad de intervención de Italia, país que tiene en las inmediaciones de Lampedusa un auténtico cementerio marino.

Un naufragio sin precedentes. En el caso de confirmarse las cifras que adelantan los primeros náufragos que han logrado ser rescatados, lo ocurrido ayer supondría uno de los hundimientos con más víctimas mortales en el Mediterráneo desde la II Guerra Mundial. En todo caso, Libia –un país que mantiene abierto un conflicto tribal– se ha convertido en el punto de partida de un éxodo masivo hacia las costas europeas. La ausencia de un Gobierno estable desde la caída de Gadafi está permitiendo la proliferación de grupos que se aprovechan de la desesperación humana que lanzan al mar sin ningún tipo de control ni garantías, hacinados y rumbo a una muerte en muchas ocasiones irremediable.

Incapacidad europea. Como, por desgracia, ha ocurrido en tantas ocasiones anteriores, la política exterior es la gran asignatura pendiente de la Unión Europea. Setecientas muertes que podrían haberse evitado es el precio que han pagado las instituciones comunitarias, y todos sus responsables políticos, por su manifiesta incompetencia e incapacidad de atajar un problema, sin duda complejo, del que es imposible conocer su verdadera magnitud. Los lamentos y la indignación de los dirigentes llegan demasiado tarde. Los ciudadanos quieren soluciones.