El Gobierno está convencido de que no hay ningún comportamiento irregular en el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y creen que quedará en nada, según indican fuentes gubernamentales, después de que un juez haya abierto diligencias previas de investigación por un presunto delito de tráfico de influencias.
En Moncloa están seguros de que "no hay nada de nada" contra Gómez respecto a la relación que ha mantenido con varias empresas que posteriormente han accedido a adjudicaciones públicas; como la aerolínea Air Europa, rescatada con alrededor de 600 millones de euros por el Gobierno o la Unión Temporal de Empresas que presentó una carta de recomendación firmada por Gómez y logró un contrato de 10,2 millones de euros.
Las fuentes consultadas sostienen que se ha analizado "de arriba a abajo" esos asuntos y no ha aparecido ninguna tacha, de modo que en la Presidencia del Gobierno "la tranquilidad es absoluta" y están convencidos de que estas investigaciones no tendrán recorrido.
En todo caso, muestran su disgusto tanto con la denuncia presentada por Manos Limpias, organización vinculada con la ultraderecha según señalan, como con la actuación del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y su titular Juan Carlos Peinado, que ha abierto diligencias de investigación contra la esposa del presidente del Gobierno y consideran que están jugando a hacer política.
SE HA CRUZADO A LA ESFERA PRIVADA
En la misma línea, otras fuentes gubernamentales insisten en que se trata de una denuncia falsa "que no va a ningún lado" e incluso llegan a tacharlo de "montaje". "Todos conocemos a Manos Limpias", deslizando su cercanía con partidos de la oposición.
Este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el presidente Sánchez expresó su molestia con esta investigación: "En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en su autonomía y en su independencia".
Respecto al gesto muy serio que presentaba Sánchez al hacer estas declaraciones desde su escaño en la Cámara Baja, las fuentes consultadas señalan que expresan cómo está viviendo esta situación, aunque descartan que esté preocupado por el recorrido que pueda tener. En este sentido insisten en que se trata de una denuncia falsa que no va a ningún lado.
Consideran además que con la mujer de Sánchez se están cruzando líneas rojas que no se deben atravesar y que se está entrando en una esfera privada y personal que estaba protegida desde el inicio de la democracia. En este punto señalan directamente al PP y por dar ese paso y utilizar esta denuncia para tratar de sacar rédito político.
MONCLOA Y FERRAZ, EN TROMBA CONTRA EL PP
Al hilo de esta denuncia, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, instó a Sánchez a dar la cara y explicar por qué su Gobierno "financia empresas que son recomendadas por su mujer". Unas declaraciones que han replicado en tromba varios ministros y dirigentes del PSOE.
Así, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría ha señalado que "las mentiras, por más que se repitan, no se convierten en verdad". "Quienes las vierten lo saben, pero siguen valiéndose de ellas para tapar el estiércol que les enfanga en sus propias filas. El PP ha cruzado todas las líneas rojas. Saben que no hay caso. Al final, todo se sabrá", ha lanzado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.
En la misma línea, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sostiene que existe una estrategia "dedicada a minar, desde todos los ángulos, la posición de los políticos incómodos para quienes creen que el poder les pertenece". Además ha señalado que él mismo ha vivido "varias querellas fundadas en bulos de la fachosfera" y por tanto sabe "de qué va esto mejor que nadie", según ha afirmado.
En términos similares se ha expresado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que habla de una campaña "de acoso y derribo con falsedades y denuncias falsas" que además hace un paralelismo con el caso que obligó a dimitir al ex primer ministro de Portugal Antonio Costa.
Costa dejó el cargo el pasado mes de noviembre por una operación que investiga un presunto delito de tráfico de influencias en el que aparentemente estaba involucrado. Sin embargo, después de su dimisión la Fiscalía lusa admitió un error de transcripción en la denuncia, en la que en realidad aparecía Antonio Costa Silva, su ministro de Economía.
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