Trabajo se reúne con sindicatos y empresarios para abordar la reforma del subsidio de paro

La reunión, que se celebrará en la sede del Ministerio el mismo día en que se conocen los datos de paro de noviembre, estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y a ella asistirán, entre otros, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo; el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos.

La reforma del nivel asistencial por desempleo es el último hito del componente 23 del Plan de Recuperación que a España le queda por cumplir y su culminación es necesaria para la recepción del cuarto pago de los fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.

Esta reforma, que Trabajo asegura haber negociado con Bruselas, ha generado en los últimos días un choque entre los Ministerios de Díaz y de Calviño ante la intención de Economía de recortar la duración del subsidio de 30 a 12 meses y de mermar su cuantía hasta una media de 442 euros al mes en el único año en que se percibiría, frente a los 480 euros al mes actuales, según denuncian fuentes de Trabajo.

La vicepresidenta Díaz ha advertido al Ministerio de Economía de que no aceptará recortes y de que esta reforma es competencia suya, a lo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha replicado que «todas las reformas estructurales, como es el caso del subsidio por desempleo, »competen al conjunto del Gobierno".

Entre medias de este cruce de declaraciones entre Trabajo y Economía, CCOO y UGT reclamaban a Díaz que convocara la mesa de diálogo social para que se negociara con ellos la reforma del subsidio por desempleo.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, considera que estas prestaciones «en España no son una ganga» y no suponen un freno a que las personas encuentren trabajo, sino al contrario.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido estos días de que la reforma de los subsidios por desempleo «no va de atornillar a los desempleados», pues «la inmensa mayoría de las veces, lo que quieren es trabajar».

Para los sindicatos, es necesaria una «revisión en profundidad» del entramado de prestaciones asistenciales con distintos requisitos, como edad, tiempo cotizado, cargas familiares, rentas propias, rentas familiares, períodos de espera, búsqueda activa de empleo y compromiso de actividad, que dificultan el acceso y la gestión de las mismas.

Asimismo, piden simplificar el amplio abanico de subsidios asistenciales existentes, facilitar los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, junto con el refuerzo de las plantillas del SEPE, incluido el número de orientadores y su capacidad de intermediación en el mercado de trabajo para conseguir mejorar la adecuación de la formación y capacitación para el empleo de las personas.

«Necesitamos unas prestaciones que protejan a más personas y en mejores condiciones», apuntan los sindicatos, que entienden que para ello se debe reforzar el sistema de protección social en su conjunto.

LA PROPUESTA DE TRABAJO: SUBIR LA CUANTÍA DEL SUBSIDIO EN EL PRIMER AÑO

Por su parte, el Ministerio de Trabajo quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, según fuentes del Departamento que lidera Yolanda Díaz.

Estas cifras son las que corresponderían al subsidio diseñado por Trabajo con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.

Este planteamiento, que es el que Trabajo llevará a la mesa de diálogo social de este lunes y el que se ha trasladado y negociado con Bruselas, choca con el defendido por el Ministerio de Economía, que quiere que este subsidio sólo se pueda recibir durante 12 meses, con las siguientes cuantías: 100% del Iprem durante los tres primeros meses (600 euros actualmente); 80% del Iprem en el segundo trimestre de percepción (480 euros mensuales); 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros), y 50% en el último trimestre (300 euros).

El diseño de Trabajo, que Díaz quiere presentar lo antes posible al Consejo de Ministros, incorpora al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000); elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata, y establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.

Además, en la propuesta de Trabajo los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio.

Al mismo tiempo, la reforma del Departamento de Yolanda Díaz, que no entraría en vigor de manera inmediata, sino a mediados de 2024, permitirá tener en cuenta las rentas de la unidad familiar si es más favorable al desempleado que tomar la renta individual.

Desde el Ministerio de Trabajo se insiste no se va a llevar a cabo ningún recorte del subsidio por desempleo como el que, según él, ha propuesto Economía. Para Trabajo, las vías para encontrar un puesto de trabajo y para llegar al objetivo de pleno empleo están en las políticas activas de empleo y no en castigar y sancionar a los parados.

El planteamiento del Ministerio de Díaz implica un mayor gasto porque eleva la cuantía de la prestación y el universo de los posibles beneficiarios en unas 400.000 personas (actualmente, el subsidio lo cobran unas 800.000 personas).

No obstante, fuentes del Ministerio apuntan a que esta reforma contaría con financiación suficiente, pues el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registrará este año un superávit cercano a los 4.800 millones de euros.