La vicepresidenta ha agradecido «a todas las personas y organizaciones» su lucha «incansable durante años» para hacer posible la llegada de esta ley y, aunque ha reconocido que «queda mucho por hacer», ha resaltado que, en virtud de esta norma y por primera vez, las comunidades autónomas y ayuntamientos «tendrán un mecanismo para fijar los precios del alquiler».
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC y Bildu implica, entre otras cosas, limitar la subida de los alquileres al 2 % en 2023 y al 3 % en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas. Se trata de una de las normativas clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que han logrado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura en las últimas fechas.
Esta norma fue uno de los compromisos que alcanzaron los dos socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero motivó también una intensa negociación donde PSOE y Unidas Podemos tuvieron que limar diferencias hasta que se aprobó en el Consejo de Ministros.
Tras ello, la ley llegó al Congreso en febrero de 2022 y, tras superar el debate de totalidad en marzo del año pasado, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia. En ese trámite de enmiendas volvieron a surgir divergencias, dado que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto bajo el argumento de que sin incorporar más avances, la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyo voto es clave para conseguir que culmine la tramitación parlamentaria.
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