El País y la Cadena Ser han adelantado el borrador con el que ha trabajado el Ministerio de Igualdad en los últimos meses, y en el que se explicita que todas las españolas pueden decidir interrumpir su embarazo y el sistema público de sanidad está obligado a garantizar el despliegue efectivo de ese derecho. En algunos territorios del Estado existen problemas para encontrar ginecólogos que no objeten problemas morales y deontológicos para practicar abortos, lo que sume a los hospitales públicos en una cierta parálisis de esta especialidad. Como consecuencia muchas mujeres son derivadas a centros sanitarios privados, e incluso a otras Comunidades Autonómas.
Con esta realidad pretende acabar la nueva concepción del derecho al aborto que pretende instaurar la nueva ley del Gobierno de coalición, algo que dejó claro en su día la ministra de Igualdad, Irene Montero. Además el nuevo texto legal prevé que los plazos se mantengan invariables, con aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Hasta la semana 21 del embarazo podrá realizarse lo que los profesionales califican de aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas en determinados supuestos tales como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
En caso de confirmarse lo que recoge el borrador de Igualdad esta sería una nueva ley, no una reforma de la anterior, dejando sin efecto el recurso que interpuso el Partido Popular (PP) ante el Tribunal Constitucional (TC) hace más de una década. También está previsto que el próximo martes la reunión del Consejo de Ministros dé luz verde a los tres días de baja para las mujeres con reglas dolorosas o la obligación de los centros educativos de garantizar los productos necesarios para la menstruación.
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