Detenido el subdelegado del Gobierno en Valencia, Alfonso Rubio, y el ex vicealcalde Alfonso Grau por cobrar comisiones

Además de Rafael Rubio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia entre 1996 y 2011, han sido detenidos la hija de Grau y se prevén, al menos, otras 15 detenciones en el marco de una operación que se espera «larga y complicada», han indicado las mismas fuentes.

En estos momentos se están produciendo varios registros en los domicilios de los detenidos, y se prevén otros a lo largo de la jornada, han añadido.

La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, y tiene su origen en el conocido como caso Azud, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de gobierno de Rita Barberá.

En esta causa el principal investigado es el cuñado de la exalcaldesa de Valencia, José María Corbín, quien ya fue detenido en abril de 2019 y a quien la UCO atribuye un papel de mediador y comisionista, si bien también figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se seguía inicialmente contra otros diez investigados -esta cifra podría duplicarse tras la operación de este jueves-, entre ellos empresarios de la construcción ya procesados y condenados en otros asuntos de corrupción.

Entre las últimas actuaciones como abogado de Corbín está la defensa de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de la investigación del caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.

Esta misma causa judicial, Imelsa, aunque en otra pieza diferente, afecta Rafael Rubio, que también fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia entre 2007 y 2011.
Rubio, que ya sido destituido esta misma mañana como subdelegado del Gobierno en Valencia, consta como procesado en este asunto por su supuesta participación en la contratación irregular de personal (conocidos como trabajadores zombis), si bien ha recurrido recientemente dicho procesamiento a través de su abogado, Virgilio Latorre.