El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción al que fuera ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, en la denominada pieza 'Kitchen' del caso 'Tándem', que investiga el operativo policial pagado con fondos reservados para conseguir documentación comprometedora que tenía Luis Bárcenas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado este viernes citarle a declarar para el próximo 30 de octubre y le interrogará en el marco de esta pieza en la que se investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP al que fuera su tesorero Luis Bárcenas con el objetivo de ocultársela a la justicia.
A pesar de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, por el momento el magistrado no cita a la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, ni a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicitaba la imputación de los tres por presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
García Castellón entiende que antes de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez quien en su primera citación no quiso declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial. Así, le cita para el 29 de octubre.
Pero el informe de Anticorrupción pedía esas imputaciones tras tener acceso a documentos, mensajes personales de Martínez al exministro y los recibos de los pagos al exchófer de Bárcenas, que habría recibido más de 53.000 euros por su colaboración en un operativo 'parapolicial' en el que habrían participado más de 70 agentes.
El magistrado cita además como testigos al sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a su asistente Icíar Castro Álvarez.
ES «EVIDENTE» EL ENCARGO DE INTERIOR
Ahora, en su auto el juez bucea en la entrañas de la operación y apunta que es evidente la existencia de un encargo efectuado a Villarejo «por personas vinculadas al Ministerio del Interior» y encaminado a la obtención de información y documentación procedente de Bárcenas.
Indica que del estudio de las grabaciones incautadas se desprende que en verano de 2013 pudo producirse un acceso ilegal en el local de la calle General Díez Porlier --un estudio de restauración de arte de la mujer de Bárcenas-- donde se habría hallado un 'zulo' en el que se guardaría documentación del extesorero.
Castellón apunta que esa documentación podría haber estado en poder de otro de los imputados en el caso, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, al que Villarejo insistió para que se la hiciera llegar. Estos hechos, añade el juez, se habrían producido con el conocimiento del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
Además, el juez señala que esa operación parapolicial se realizó al margen de la que llevaba a cabo el grupo de la UDEF designado para las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, y que se sostuvo con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Así, apunta que la documentación recabada en registros, permite sostener la existencia de pagos efectuados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que habrían captado como colaborador. Y también, gracias a la documentación desclasificada por el Gobierno, consta que García Castaño recibió entre julio de 2014 y mayo de 2015 un total de 50.000 euros en efectivo con cargo a los fondos reservados.
LA PISTOLA DE 700 EUROS
Al hilo, Castellón apunta que aunque el exjefe de la UCAO ha negado que esos pagos tuvieran que ver con Kitchen, sí que ha reconocido recepción de fondos reservados de Interior para comprar una pistola por 700 euros para el chófer, y para comprar material informático (1.905 euros). El juez recuerda que los fondos reservados deben ser controlados por el ministro y por el secretario de Estado de Seguridad, y en la época en la que tuvo lugar la operación (la ubica entre enero de 2013 y noviembre de 2016) ostentaban esos cargos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.
Castellón explica además que en su declaración García Castaño implicó a Francisco Martínez en la operación ya que le habría hecho entrega del volcado de dos móviles que le entregó el chófer y que pertenecían a Bárcenas. También leyó tres mensajes de Whatsapp que le habría mandado el cura Silverio Nieto en nombre de Francisco Martínez.
En esos mensajes, Martínez hablaba de la necesidad de entregar actas notariales que incluían mensajes de 2013 y 2014 sobre Kitchen y que conllevarían «la situación de Jorge y probablemente Rajoy». Silverio Nieto le escribió a García Castaño que ese mismo mensaje se habría enviado a «JF» -por Jorge Fernández Díaz--.
Por otro lado, de la transcripción de los mensajes cruzados entre Fernández Díaz y Francisco Martínez se desprende que hablan del chófer de Bárcenas y que el que fuera ministro le pedía total coordinación y medios porque debían «conseguir esa info».
Con esos mensajes y otra conversación entre ambos de 2013 en la que hablan de una operación de volcado de dos iphones y un ipad que se habría realizado con éxito y que contendrían información para la defensa jurídica de Bárcenas, el juez coloca en la diana de la instrucción a ambos altos cargos de Interior.
«La presencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil ypertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro, y actuando por delegación de este, al parecer, el Secretario de Estado de Seguridad», recalca.
Asimismo, el juez indica que la operación «parece traer causa de un encargo efectuado por órganos superiores del Ministerio del Interior», por lo que indica que este departamento podría ser el responsable de «desplegar» el operativo.
COSPEDAL, GÓMEZ GORDO Y LOS TESTIGOS
Tras explicar en el auto que quiere escuchar primero a Martínez para luego decidir sobre si llama a Cospedal y su marido, el juez explica que uno de los principales indicios contra la que fuera secretaria general del PP, tal y como se desprende del informe del Fiscal, «es su conexión con el también investigado Andrés Gómez Gordo», inspector que estuvo prestando servicios de vigilancia personal para ella.
«Al parecer Gómez Gordo fue quien pudo ayudar a Villarejo a aproximarse a Sergio Ríos tras haber fallado en el intento García Castaño», recuerda, para añadir que Gómez Gordo negó en sede judicial cualquier intervención de Cospedal y López Hierro en su acercamiento a Sergio Ríos.
En cuanto la citación como testigos de Jorge Sanchis, director de Gabinete de Martínez, e Iciar Castro, indica que les cita por la cercanía con el que fuera secretario de Estado a tenor de las comunicaciones registradas en el móvil del investigado.
En una conversación entre Castro y Martínez de febrero de 2019, ésta le dice que sabe que no es un delincuente y que le han engañado, Martínez le responde que estuvieron «en una piscina de tiburones», que ha sido «un pringao» y reprocha ante ella que Fernández Díaz sostenga que no sabía nada.
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