Así lo ha anunciado Sánchez en una rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas como «escudo» al impacto de la crisis con el fin de «frenar la curva descendente» del empleo y la producción.
«Es la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España», ha afirmado Sánchez, quien ha indicado que se aplicarán en un «muy corto espacio de tiempo» y supondrá un «enorme esfuerzo» ante la magnitud y el desafío social y económico.
Sánchez ha afirmado que el real decreto-ley aprobado este martes es «el mayor que se ha aprobado a lo largo de la historia de la democracia», por lo que ha insistido en la importancia de establecer un «escudo social y económico» para paliar el impacto de la COVID-19.
Con este plan de choque «sin precedentes» ha aseverado que «nadie se va a quedar atrás, si bien ha subrayado que hay que actuar «unidos» administraciones, trabajadores y empresarios para trabajar con resolución, por lo que ha pedido la colaboración de todos los agentes económicos, a los que ha agradecido, junto a patronal, sindicatos, líderes de la oposición y presidentes autonómicos, su cooperación tras las reuniones de estas últimas semanas para consensuar medidas.
AVALES PARA INYECTAR LIQUIDEZ
De esta forma, ha querido lanzar un mensaje «contundente» a las empresas y los mercados respecto a que el Estado va a proporcionar «toda la liquidez que se necesite para mantenerse operativo», ya que no va a permitir que «los problemas temporales puedan convertirse en problemas de solvencia». Por ello, ha pedido a las empresas que mantengan el empleo y la actividad económica.
Así, ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.
También se aprueba una línea de avales adicionales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. Además, se destinan 30 millones a investigación de vacunas.
Las nuevas medias incluyen 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y se garantizan los suministros y los servicios de comunicaciones, así como el derecho a la vivienda con la moratoria de las cuotas de hipotecas para personas de situación de especial vulnerabilidad.
Además, se ha reforzado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que las empresas de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de empresas españolas aprovechando la caída coyuntural de sus acciones en esta situación.
AMPLIACIÓN PLAZOS DE CONTRATOS PÚBLICOS
Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas a mitigar las consecuencias de la COVID-19 en los contratos del sector público y, para ello, se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.
«El frenazo en seco de la economía española es temporal, coyuntural y posteriormente tendremos que hacer frente a reconstrucción y recuperación económica y social del país», ha apostillado. «Resistiremos el golpe», ha afirmado.
Las nuevas medidas se sumarán a las primeras del paquete de choque económico ya recogidas en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en Consejo de Ministros extraordinario, con la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas.
No obstante, Sánchez ha avanzado que pedirá que la Comisión Europea movilice recursos y flexibilice las reglas fiscales. Por ahora la Comisión Europea ha anunciado que adoptará medidas para garantizar liquidez, así como el uso de 37.000 millones de fondos estructurales, de los que 4.100 irán para España.
Además, afirmó que cuando pase la crisis, la UE tiene que ser capaz de movilizar recursos para la reactivación económica y para que la economía europea recupere el «brío» que tenía antes de la crisis.
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