El informe de la futura Ley contra el consumo de alcohol establece que se sancione a los padres de los menores que beban

Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; y limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados habitualmente por ellos.

Además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurado.

El informe, que parte de que «los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes», muestra como «objetivo primordial» retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.

No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestra «escépticos» puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales «y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado».

En informe, por tanto, afirma que «cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario».

Esto implica «sensibilizar» a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.

Crear un Observatorio de menores y alcohol con participación de todos los agentes implicados que estén llamados a formar parte de la solución, en el seno del Observatorio Nacional de Drogas y Adicciones.

Para ello, se priorizar incluir en el Plan Nacional sobre Drogas actuaciones específicas «sobre los menores y el alcohol"; y ampliar, en el ámbito judicial equipos psicosociales en los juzgados de familia y menores y en juzgados de guardia, para que tengan la suficiente capacidad de afrontar la mediación civil y penal.