Según los datos expuestos en su comparecencia en la Comisión de Interior en el Senado, en 149 de los 948 municipios hubo el 1-O más votantes que personas censadas. A pesar de que no había un listado oficial, la Policía y la Guardia Civil desactivó 113 centros de votación y cerca de otro centenar de locales más, «en unos casos porque no llegaron a abrir y en otros cerraron».
En su opinión, la actuación policial ante lo que ha calificado de «resistencia pasiva organizada» de los comités de defensa, con elementos «radicales» infiltrados y el uso de niños, fue «legítima, profesional y proporcionada» y, según Zoido, está avalada por la Fiscalía y la Comisión Europea. «En ningún caso», ha dicho, «tuvo como objetivo los votantes». Como prueba ha puesto que el material antidisturbios se utilizó en un único colegio.
«Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar», ha señalado, denunciando la «organización y complicidad» de los independentistas, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.
Zoido ha criticado la «manipulación informativa» y la actuación de los Mossos previa a la intervención en aplicación del artículo 155 de la Constitución. «En algunos casos», ha defendido, «las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieron constatar cómo los agentes de Mossos d'Esquadra incautaban las urnas una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías».
Según el ministro, lo anterior demuestra que «se incautaron las urnas una vez que, realizada la votación y el recuento, la actuación policial ya no interfería la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional». Ha puesto el ejemplo de la localidad barcelonesa de Polinyá: con un censo de 5.910 personas, llegaron a votar 10.215.
«MÍNIMA FUERZA IMPRESCINDIBLE»
En este sentido, se ha remitido a los tribunales. «La justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos ese día, y principalmente de sus mandos, de hecho su máxima autoridad en aquellos momentos», ha dicho sobre el cesado mayor Josep Lluís Trapero, «está siendo investigada en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición». «Quizá si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar», ha apostillado.
Fue la desobediencia y la pasividad de los Mossos lo que, según su relato, provocó «en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar». «Fue absolutamente indispensable, legítima y profesional», ha dicho sobre la actuación policial, señalando que «un elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Zoido ha repetido en varias ocasiones en su comparecencia inicial que lamenta los heridos, tanto votantes como policías. «Lamento como el que más que hubiera heridos, claro que sí, pero sin duda los responsables fueron quienes con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal generaron un clima de crispación y desobediencia».
Además ha subrayado la «diferente actitud» de las personas «parapetadas» en locales y colegios de votación del 1-O entre los que mostraron «complicidad y agradecimiento ante la inacción de los mossos» y, por otra parte, los que mostraron «hostilidad y violencia ante la acción de policías y guardias civiles».
MANIPULACIÓN INFORMATIVA
En su intervención, ha condenado la «manipulación informativa» que hubo el 1-0 cuando los independentistas usaron datos e imágenes falsas para atacar las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Ha citado, por ejemplo, que un diputado del PdeCat mostró una portada de un semanario inglés de 2012, el caso de un niño supuestamente herido en una carga policial que se correspondía a una imagen de una huelga general europea o el relato de una votante que denunció que le habían roto los cinco dedos de su mano.
El ministro ha recordado que durante la actuación por mandato judicial en varias consejerías antes del 1-O los agentes de la Guardia Civil ya sufrieron «tal acoso» que se refugiaron en el interior de la Consejería de Economía «con el consiguiente riesgo para su integridad física», lo que generó en destrozos, pintadas y hasta robo de dinero y otros materiales personales -no armas-- en los vehículos del Instituto Armado.
«Cómo sería la situación que la secretaria judicial se vio obligada a salir de forma clandestina por la azotea del edificio, algo que los agentes se negaron a hacer alegando que saldrían por la misma puerta por la que entraron», ha indicado. En este sentido, ha recordado que se han tramitado más de 150 denuncias de odio «alentado por sectores independentistas» que, según Zoido, van a tener respuesta jurídica porque desde el Gobierno se va a defender sus derechos.
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