La vista está fijada para las 14:00 horas en la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia belga) y los cinco acusados comparecerán conjuntamente ante el mismo juez, acompañados por un equipo de once abogados belgas.
La sesión se celebrará a puerta cerrada y habrá también un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.
El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesaria para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su decisión varios días hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes.
Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza, aunque fuentes del entorno del expresidente catalán han descartado que su intención sea pedir un aplazamiento, salvo que la Fiscalía bruselense presente datos que «requieran su estudio».
La Fiscalía de Bruselas, que defenderá en la sala si las euroórdenes dictadas se ajustan a derecho y recomendará su ejecución o no, ha pedido a la Audiencia Nacional información «adicional y exhaustiva» de la «situación penitenciaria» en las cárceles españolas, según han confirmado a Europa Press diversas fuentes consultadas.
Se trata de un escrito en el que se interroga a las autoridades españolas sobre las «condiciones de encarcelamiento» en las prisiones del país, sobre el «tipo de tribunal» que juzgaría a los cinco acusados en España y sobre el «procedimiento judicial español».
La defensa alegará que es un caso político
La defensa de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín sostendrá ante el juez que «sin duda se trata de un caso político» y que las euroórdenes firmadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están «muy mal formuladas», han explicado a Europa Press fuentes cercanas.
También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España -rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación- cumplan con el principio de «doble imposición», según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.
Y cuestionarán que ninguno de ellos «encaje» en la definición de «corrupción» que la jueza Lamela marcó en las euroórdenes en el listado de 32 delitos por los que un Estado miembro debe extraditar de forma automática a un reclamado por otro país de la Unión Europea.
Parte del equipo de abogados belga de los cinco, los letrados Michelle Hirsch y Christophe Marchand, adelantaron en declaraciones a los diarios Le Soir y Le Monde que denunciarán ante el juez que Puigdemont y sus exconsejeros son objeto de una petición de entrega «política y abusiva».
«La euroorden se fundamenta sobre el conjunto del proceso político (en Cataluña), desde la campaña electoral y su victoria hasta las decisiones políticas de nuestros clientes», sostuvo Hirsch.
Marchand, por su parte, incidió en la entrevista en que las cinco órdenes son «idénticas» a pesar de que los políticos catalanes reclamados ocuparon distintas funciones en el Govern y llevaron a cabo acciones diversas.
Calendario
Una vez el juez dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o la defensa de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso y llevar el caso al Tribunal de Apelación.
España no es parte en este proceso, por lo que no podrá instar a la Fiscalía a presentar recurso si la sentencia no le es favorable, aunque el Ministerio Público belga consultaría con las autoridades españolas antes de tomar una decisión.
Tras la sentencia en Apelación las partes aún podrían recurrir a una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que no se pronunciaría sobre el fondo de la euroorden, sino sobre la forma del procedimiento.
Las reglas de la orden europea de entrega establecen un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la extradición de la persona reclamada por otro Estado miembro, con la posibilidad de una prórroga de 30 días más en casos excepcionales para llegar a un total de 90 días.
Sin embargo, estas salvaguardas están previstas para proteger los derechos de los detenidos, por lo que si los acusados no están en prisión los tiempos son menos estrictos.
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