Su puesta en libertad ha tenido efecto después de que este mismo martes abonasen las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, impuesta este lunes por el juez instructor, pese a que el pasado 20 de julio decretó su prisión incondicional. El magistrado también fijó la misma cantidad para el vicepresidente económico del organismo, Juan Padrón, que también se prevé que salga este martes de este centro penitenciario.
A su salida, Villar ha hecho unas «breves» declaraciones a los medios de comunicación en las que ha agradecido «a todas aquellas personas que han confiando, privada y públicamente» en él, en su hijo y en el vicepresidente económico y que les han «defendido». Asimismo, ha dado las gracias y deseado «suerte» a los presos del módulo número 1 de Soto del Real, en el que han permanecido durante estos días, «por el cariño y afecto que han tenido» con ellos.
El juez instructor dictó este lunes un auto en el que puso en libertad provisional bajo fianza a estas tres personas, al entender que «difícilmente podrían obstaculizar la instrucción de la causa», ya que la documentación no puede ser «alterada», ni pueden «influir» en los testigos y en el resto de investigados a los que ya se tomado declaración.
Asimismo, el magistrado señala que no existe riesgo de fuga al acordar las fianzas y otras medidas de control, ni ocultar bienes y patrimonio gracias a que sus cuentas están bloqueadas y embargadas. «Resulta oportuno modificar la situación personal» de los tres investigados, dice el juez de la Audiencia Nacional, tras haber practicado una serie de diligencias como volcado y depósito y custodia de la documentación requerida e intervenida para su análisis, así como las declaraciones de más investigados y testigos.
No obstante, Pedraz señala que siguen existiendo motivos para considerarles responsables de haber cometido presuntamente los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.
MEDIDAS CAUTELARES
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional obliga a estos tres investigados a comparecer semanalmente ante el juzgado, la retirada del pasaporte, además de facilitar un teléfono móvil donde puedan ser localizados y llamados en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.
El juez instructor explica en el auto del pasado 20 de julio por el que decretó la prisión de estas tres personas y la del secretario de la Federación Tinerfeña Ramón Hernández Baussao --que salió al día siguiente tras pagar 100.000 euros de fianza--, que existen indicios de que Villar creó un entramado, al menos desde 2009, para la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos para garantizar su permanencia al frente del puesto que ostenta desde el año 1988.
Se sospecha que el expresidente ha cometido «excesos administrativos» por un lado con el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, con la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura.
RED DE CLIENTELISMO Y TRATOS DE FAVOR
El magistrado destacó que se estableció una red de «clientelismo» para la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros. Además, afirmó que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad «de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros».
Respecto al papel de Gorka Villar en la trama, Pedraz apuntó tratos de favor a su hijo a través de la sociedad que administra, Sport Advisers S.L. En concreto el expresidente de la RFEF se aprovechó de los partidos de fútbol amistosos de la Selección Española de Fútbol con otras como la de Corea del Sur, Venezuela o Chile para beneficiar a su hijo, abogado especialista en derecho deportivo.
En cuanto Padrón, el magistrado indicó que el vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol medió para favorecer que sociedades cercanas a la trama continuaran como proveedoras de material deportivo a las que se les pagó de más -- y cuya ropa «en muchos casos» no se llegó a utilizar-- y con las que se ocultaron las comisiones presuntamente cobradas.
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