La muerte de Rita Barberá obligará al Supremo a archivar su causa por extinción de responsabilidad penal

Según han explicado fuentes judiciales, la muerte de una persona investigada en cualquier procedimiento extingue su responsabilidad penal, en el caso de haberla. Con ello, la causa se archiva. Tras el fallecimiento, el órgano instructor inicia unos trámites para que se certifique oficialmente la muerte y, una vez lo tenga constatado, dicta un auto de extinción de responsabilidad.

La exalcaldesa se había enfrentado en el último año a tres causas judiciales: 'Ritaleaks', la Ley de Memoria Histórica y la 'Operación Taula'. Los primeros procedimientos acabaron en archivo el pasado mes de julio, mientras que el tercero seguía vivo en el Supremo.

Precisamente sobre esta última causa, Barberá había acudido el lunes a declarar ante el magistrado instructor del Supremo Cándido Conde-Pumpido por el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años. Su defensa se basó en negar que hubiera financiación ilegal o que existiera una caja 'B' en el partido.

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En su declaración en el Alto Tribunal, la exprimera edil de Valencia se limitó a reconocer que había entregado 1.000 euros al partido en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros.

Su abogado, José Antonio Choclán, ha manifestado en relación con este proceso: «No sabe nadie la presión que sufre una persona sometida a una investigación penal, vapuleada públicamente. Merece una reflexión», ha expuesto.

Barberá estaba siendo investigada en el Supremo desde el pasado día 13 de septiembre, después de que el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga la 'Operación Taula' derivada del 'caso Imelsa', le remitiera en abril la parte del procedimiento que afectaba a la exalcaldesa por tener la condición de aforada.

Independientemente de esta pieza, que obraba en el Supremo, hay dos partes más que se instruyen en Valencia. La causa principal, que se sigue en el juzgado ordinario, en la que hay 47 personas imputadas -entre ellos, todos los concejales del grupo popular en el consistorio menos uno; asesores y exasesores y el PP como persona jurídica-; y otra parte que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico del PP en las Corts Miguel Domínguez.