El juez ha ordenado libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (con fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros) y tres de sus máximos colaboradores, con lo que los veinticuatro detenidos por una supuesta red de amaño de contratos eluden por ahora la cárcel.
El fiscal había pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, el ingreso en prisión de Rus -que se ha acogido a su derecho a no declarar, como otros veintiuno de los veinticuatro detenidos en la operación Taula- y de otros tres ex altos cargos del PP que han declarado este jueves.
Estos son los exvicepresidentes de la Diputación Máximo Caturla (también ex secretario autonómico de Educación) y Juan José Medina (exalcalde de Moncada) y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en estos cuatro ex altos cargos, considerados como piezas clave en la investigación iniciada hace cerca de año y medio.
Medidas cautelares
Asimismo, acuerda como medidas cautelares la obligación de que comparezcan cada quince días en el juzgado, así como fianzas de dos millones de euros tanto para el expresidente como para Caturla, y de un millón para Medina y para Llopis.
Con esta medida, las veinticuatro personas detenidas el pasado martes en la operación Taula han quedado en libertad provisional, veintitrés de ellas con fianza de responsabilidad civil, y todas continúan como investigadas (imputadas) en la causa.
En declaraciones a los periodistas tras salir del juzgado, Rus ha defendido que en esta investigación «todo es un montaje», que ofrecerá su versión de lo ocurrido cuando se recupere y que «quien mete la mano, hay que cortársela».
También ha dicho que se siente «inocente totalmente», que desconoce de qué se le acusa y que lo ocurrido «no es normal».
La operación Taula se ejecutó el pasado martes en las tres provincias de la Comunitat contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de esta región sospechosa de amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La causa, declarada secreta, está abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El PPCV ha anunciado que demandará por la vía civil a los condenados por corrupción y les pedirá una indemnización por los «daños y perjuicios» ocasionados a la imagen de la formación, según ha anunciado su presidenta, Isabel Bonig, quien dice contar con el apoyo «total y absoluto» de la dirección nacional para llevar a cabo esta medida «inédita» en un partido político.
El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado por unanimidad crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas de posibles hechos ilícitos cometidos por miembros del grupo municipal popular investigados en el caso Imelsa.
Además, las investigaciones sobre la trama de cobro de comisiones en la empresa dependiente de la Diputación apuntan a una posible financiación ilegal del PP valenciano.
Fuentes cercanas al caso han indicado a Efe que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan de esa relación tras escuchar las conversaciones grabadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent con distintas personas, entre ellas varios cargos públicos del PP.
La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María Angels Ramón-Llin, ha calificado de «absolutamente normal» la aportación de mil euros que los concejales hicieron durante la campaña al partido aunque ha asegurado que no le consta que ese dinero se les devolviera.
Sin embargo, según ha podido saber EFE, varios asesores del grupo municipal del PP se negaron a hacer las donaciones de mil euros que les pidió el partido durante la última campaña para las elecciones municipales y sus contratos no fueron renovados tras los comicios del pasado mes de mayo.
Sobre si la exalcaldesa Rita Barberá conocía estas prácticas, las fuentes han dicho desconocerlo, aunque han señalado que «todo sucedía a su alrededor».
En cuanto al futuro del sucesor de Barberá en el PP de Valencia, Alfonso Novo, la presidenta del PPCV ha asegurado que si se confirma su imputación tras declarar ante el juez se le pedirá el acta y se estudiará la constitución de una «gestora» del partido en la ciudad.
6 comentarios
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y paga 2 millones como si nada,una verguenza .
Todo esta tropa que los pongan en manos del los jueces de Baleares y verán lo que es la justicia, de Valencia no me fio, ya que a Camps y Barberá se han librado del caso Noos en cambio Matas si se sienta en el banquillo
Ya lo dijo aquel, en este pais, la justicia sólo castiga DE VERDAD a los robagallinas. Si tienes dinero .... NO HAY CARCEL.
Axko de jentutza...
Como puede quedar libre este sr.que le susurraba a los billetes? Existe la justicia en este pais?o solo cuando te van a hechar de tu casa,ahi si te llevan esposado directo al calabozo.sin embargo este que le gusta mucho es cesped atrificial,bueno mejor dicho las mordidas del dinero de los valencianos,el muy tranquilo se va a su casa.pero eso si hay gentuz que todavi los vota y piensa que estas corruptelas no los deshabilita a gobernar,que pais enfermo.el dia que la gente deje de ver los partidos politicos como equipos de futbol estaremos mucho mejor,haber que dicen los complices de la corrupcion ,osea sus votantes
Este país no tiene remedio, todos los gangsters están sueltos, y ahora con la nueva ley del gangster superior que a los 18 meses prescribe, pues, ¡Que viva la Pepa!