Además de Gayoso, han sido condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal, por los que la Fiscalía Anticorrupción pidió 3 años de cárcel.
Según explican los magistrados, Novacaixagalicia, entidad nacida de la fusión de Caixanova y Caixagalicia, valía 181 millones de euros pero tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar otros 24 como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron los condenados en 2010.
Una cantidad que, en realidad, fue sufragada por el fondo de rescate español, el FROB, «organismo público que posibilitó» que la entidad subsistiera gracias al dinero público inyectado», que fue de 1.162 millones de euros, aseguran en su resolución, de 188 folios.
Precisamente, la sala considera que el fondo ha sido el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que dictaminan que los condenados restituyan las cantidades que percibieron indebidamente a este organismo y no a NCG, que así lo reclamó en el juicio que culminó el pasado julio, en la que ejercía como acusación particular.
En concreto, Pego deberá devolver más de 8,5 millones; Gorriarán, más de 5 y Rodríguez Estrada, más de 200.000 euros.
Al principio, también estuvo acusado el ex director general adjunto Javier García de Paredes, que percibió 5,6 millones, pero queda absuelto ya que en la vista. Anticorrupción decidió retirar sus acusaciones porque intentó devolver el 40 % de su indemnización, pero el comienzo de esta investigación lo impidió.
La Audiencia Nacional argumenta que, pese a que los exdirectivos eran conscientes de la mala situación del banco, ello no les impidió mejorar «intencionadamente» sus contratos para el caso «más que probable, por razonable», de que iban a salir de la nueva entidad fusionada «dada su gestión anterior» en las cajas.
Todo ello fue posible con la «ayuda inestimable» de Fernández Gayoso y el abogado que asesoró en la elaboración de los contratos, que actuaron como cooperadores necesarios para que en ellos «se obviara» la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos en entidades nacionalizadas «ignorando deliberadamente» las limitaciones que fija.
La sentencia, que es recurrible, les impone también el pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos.
1 comentario
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¡Por fin! alguién al que harán devolver el dinero robado de las Caixas, pero que no sean los últimos, que TODOS haga lo mismo, si devuelven todo el dinero, saldremos de esa crisis, ¡seguro!