En una providencia, la magistrada Rocío González Boñar llamó a declarar para el pasado 29 de mayo a Fernández Maíllo, que es presidente de la Diputación de Zamora, y a otros antiguos miembros que participaron en la sesión del Consejo de Administración del 8 de enero de 2009, que abordó la refinanciación de la deuda que tenía Santos Llamas.
Ante esta situación, otro de los cargos recién estrenados en la estructura de los populares, Pablo Casado, ha considerado este viernes que el procedimiento en el que está imputado su compañero se anulará.
En todo caso, ha recordado que no sería la primera vez que un cargo es imputado y luego su caso se resuelve, como les sucedió al ministro José Manuel Soria y, recientemente, al presidente de la Ciudad de Melilla, Juan José Imbroda.
En varias entrevistas en radio y televisión, Casado ha hecho hincapié en que Maíllo está llamado a declarar precisamente en el procedimiento de nulidad que presentó «en calidad de imputado», porque «es la calificación que tenía antes del procedimiento de nulidad».
Por su parte, algunas voces ya han criticado el nombramiento de Maíllo, como es el caso de Ciudadanos de Zamora, quienes han mostrado su rechazo y repulsa a la designación.
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