El decreto, firmado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 4 de noviembre, pero su publicación ha coincidido precisamente con el mismo día en que Pantoja ha ingresado en prisión para cumplir su condena a dos años de prisión.
Además de revocar la concesión de la medalla, el decreto declara la «pérdida de los derechos honoríficos inherentes a dicha distinción, específicamente, los de uso y tratamiento» e impone «la obligación de devolución de la Medalla, que deberá efectuar en el plazo y términos determinados por la Consejería de la Presidencia».
Según recuerda la Junta, el decreto 117/1985 por el que se crea la Medalla de Andalucía determina en su artículo 11 que «podrá ser revocada cuando la persona a la que se le concedió haya sido condenada por algún hecho delictivo, debiendo seguirse para la revocación la misma tramitación y cumplir con los mismos requisitos exigidos para la concesión».
El preceptivo expediente abierto por la Junta al apreciar que en el caso de Pantoja podía «concurrir una de las causas previstas que pueden llevar a su revocación» ha acreditado la «firmeza de la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, ratificada en casación por el Tribunal Supremo, que condena a Isabel Pantoja, como autora de un delito de blanqueo de capitales, a las penas de 24 meses de prisión y multa de 1.147.148,96 euros», por lo que concluye que «se cumplen los requisitos exigidos por la norma de referencia para proceder a la revocación de la Medalla de Andalucía que le fue concedida».
Junto a ello, el Ejecutivo andaluz «aprecia además» en este caso «una especial repercusión y trascendencia en la sociedad andaluza no sólo por la gravedad de las conductas delictivas que han llevado a la condena, sino por la especial relevancia mediática de la autora y por el reproche que merece haber contribuido a blanquear beneficios ilícitos obtenidos mediante una actividad pública corrupta con grave quebranto de los recursos públicos».
Se trata de la primera vez que se lleva a cabo un procedimiento de retirada de la citada distinción desde la creación de las medallas de Andalucía en el año 1985.
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