El exconseller catalán de Política Territorial Joaquim Nadal ha alegado este miércoles, tras su imputación por una supuesta estafa a un promotor, que en la permuta de unos terrenos le movió el interés colectivo, ya que actuó en respuesta a una demanda de grupos ecologistas y no en favor del empresario José Manuel Lara.

Según han informado fuentes judiciales, una juez de Barcelona ha citado como imputado a Nadal (PSC) y al exgerente del Incasòl Emili Mas por una supuesta estafa al ocultar a un empresario que los terrenos que le ofrecieron como permuta para que no edificara en el enclave natural del valle de Solius, en la zona de Can Reixac de Santa Cristina d'Aro (Girona), eran inundables.

Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a impulsar esta permuta fue la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara de una finca próxima a la zona del Molí de Reixac, en marzo de 2006.

En cuatro mensajes consecutivos colgados en la red social Twitter, el exconseller Joaquim Nadal afirma que, desde las administraciones públicas -fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller entre 2003 y 2010-, siempre ha trabajado «sólo por el interés colectivo».

Nadal agrega que intervino en este caso en nombre de la Generalitat «para proteger la integridad ambiental del valle de Solius y trasladar un suelo industrial».

«Intervenimos en respuesta a las demandas reiteradas de la plataforma Salvem Solius y de los monjes cistercienses. Nada que ver con JM Lara», concluye Nadal.

La querella la presentó la sociedad Varal Real Estate SL, que en julio de 2005 compró por 6 millones de euros una finca en el sector de Molí de Reixac -que en abril de ese año acababa de ser definido como zona urbanizable industrial- para desarrollar sus planes industriales.

Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona donde se iba a levantar el complejo industrial.

Finalmente, el 11 de octubre de 2006, el empresario firmó un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y el Incasòl, tras varias negociaciones promovidas por el conseller Joaquim Nadal, en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50 % de la finca de la zona de Reixac por 7,5 millones de euros (más IVA), renunciando al desarrollo industrial de la zona, y adquirió a cambio como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que resultaron ser inundables.

En un escrito, el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado sostiene que un hecho que puede «considerarse inicialmente como detonante» del cambio de postura de las administraciones sobre el proyecto industrial en el Molí de Reixac «fue la adquisición por parte de la sociedad Labogar, propiedad de la familia Lara, el 13 de marzo de 2006, de la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona».