Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, recoge que la causa podría extenderse a 126 expedientes de ayudas de prejubilación y 275 subvenciones a empresas, lo que pone de manifiesto no solo su «extensión y complejidad» sino «lo incierto de su horizonte temporal».
Entre las medidas para agilizar la causa, Anticorrupción propone que se eleve ya al órgano superior competente, en este caso el Supremo, la causa contra Chaves, Griñán y cinco exconsejeros a quienes Alaya notificó en 2013 «la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados».
La Fiscalía entiende que «ya agotada la investigación en esta sede judicial sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero», son los dos expresidentes andaluces y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
Anticorrupción propone abrir una pieza para cada una de las ayudas, que serían enjuiciadas por separado, y además otras diligencias sobre el «pago y destino» de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras, que permitió su «enriquecimiento ilícito», y una última causa sobre el «procedimiento específico» utilizado por la Junta para pagar las ayudas.
Sobre este procedimiento, el escrito recoge que desde 2000 ha tenido «básicamente tres variantes": la suscripción de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el convenio marco de 17 de Julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA -que requería de convenios particulares para cada ayuda- y finalmente la encomienda de gestión de 2010.
El avance de la instrucción ha puesto de manifiesto -señala el escrito- que el menoscabo de fondos públicos no se ha restringido a los «intrusos» de los ERE, sino que «realmente las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo se han venido realizando sin sujeción al procedimiento legalmente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas».
Ello ha desembocado en varios hechos de apariencia delictiva: los denominados «intrusos» incluidos en el ERE de una empresa donde nunca trabajaron, la «propia ayuda socio laboral» que vulneró «los más elementales principios» de la actividad pública y supuso un «importante menoscabo de fondos públicos», y las denominadas «ayudas a empresas».
A ello añade el enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos y mediadores que cobraron sobrecomisiones debido a la falta de control en las pólizas «que sistemáticamente eran abonadas por la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno».
«Para tener una idea aproximada de la extensión de la causa», el escrito recoge que el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas informó de 126 ayudas sociolaborales de prejubilación, con 582.189.272 euros pagados, y 275 ayudas a empresas y otros, por las que se pagaron 127.761.211 euros.
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