El Gobierno aprueba medidas para mejorar la financiación de las empresas

Así lo ha explicado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaria, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado dos anteproyectos de ley, con los que además, se incorporan al ordenamiento jurídico dos directivas europeas.

Una de ellas, la de los gestores de fondos de inversión alternativa, y otra, que tiene como finalidad limitar la dependencia exclusiva de las calificaciones crediticias emitidas por las agencias de calificación, según ha precisado la vicepresidenta.

Para Saénz de Santamaría, el anteproyecto de ley que regulará las entidades de capital riesgo, ayudará a mejorar el régimen jurídico de este colectivo, y las orientará hacia la inversión en las primeras fases de expansión de las empresas.

Como principal novedad, ha añadido, se crea la categoría de «capital riesgo-pyme», que permitirá a estas entidades invertir un 70 % de su patrimonio en las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de fomento de la financiación empresarial, que incluye medidas para «dar un giro y ampliar» las fuentes de financiación que tienen las sociedades, ha dicho la vicepresidenta.

«Son reformas para hacer más flexible el acceso al crédito bancario y fortalecer otras formas de financiación no bancarias», ha asegurado Saénz de Santamaría, que ha adelantado alguna de ellas, como la potenciación del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o de la figura de fondos de inversión institucionales.

En este sentido, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido en que esta norma busca facilitar la financiación alternativa de las pymes, ya que casi toda la que existe es de la banca, algo que no ocurre en otros países europeos, ni en Estados Unidos, donde existen alternativas similares a las que ha aprobado hoy el Gobierno.

Entre las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley, el ministro ha destacado alguna, como la que establece que si un banco quiere reducir la financiación concedida a una pyme, deberá avisarla con tres meses de antelación, en tanto, que también tendrá que dar de forma gratuita toda la información financiera de la entidad para que la sociedad pueda ir a otro banco.