El texto contó con 180 votos a favor y 137 en contra y solo fue apoyado por el grupo popular, mientras que todos los de la oposición mostraon su rechazo a esta iniciativa que ahora debe ser aprobada en el Senado y que superó el trámite del Congreso en una sesión a la que asistió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La reforma supone que solo se puedan investigar y enjuiciar en España delitos graves cometidos fuera del territorio nacional, como los de genocidio y lesa humanidad, cuando la causa se dirija contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho o cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
Ello cuando se haya interpuesto querella por el agraviado por el Ministerio Fiscal.
La iniciativa fue defendida por el diputado del PP José Miguel Castillo, que señaló que es legal que se haya tramitado como proposición del PP y no como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con lectura única -sin debate en comisión-, ya que es una posibilidad prevista en el reglamento y que ha usado el PSOE «decenas de veces».
Los grupos de la oposición estimaron que esta vía de urgencia ha sustraído al Parlamento de un debate y ha evitado que se pronunciaran órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
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Elecciones anticipadas pero ya!!!.