En el escrito de conclusiones remitido a la sala de lo Penal del Supremo que debe juzgar al magistrado, la fiscal Pilar Fernández-Valcarce mantiene que los letrados cuyas conversaciones fueron grabadas «conocieron tal circunstancia» y que la orden de realizar las escuchas se llevó a cabo «previniendo el derecho de defensa».
Según la Fiscalía, tampoco consta acreditado que el contenido de aquellas grabaciones fuera utilizado por Garzón para «dirigir o variar» la investigación sobre la trama de corrupción, liderada por los dos reclusos a quienes se les intervinieron las comunicaciones, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La fiscal recuerda además que el lápiz de memoria a que se refieren los investigados en una de las conversaciones grabadas y que aportaba valiosa información sobre la estructura y los pagos de la red fue intervenido con anterioridad a las escuchas.
Juicio oral
El pasado 11 de abril, el Tribunal Supremo ordenó la apertura de juicio oral contra Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones entre los imputados de la 'trama Gürtel' y sus abogados por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
El abogado de Ulibarri solicita para Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que la defensa de Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía reclama la absolución.
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