«Seguiremos empadronando como hasta ahora a la gente que viene a Vic con pasaporte sin visado», señaló el alcalde de la población barcelonesa durante una comparecencia ante la prensa para valorar el informe jurídico de la Abogacía del Estado sobre el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles.
En este informe, solicitado por el propio Ayuntamiento de Vic, la Abogacía del Estado considera que los ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes, «con independencia de que tengan o no residencia legal en territorio español», por lo que «no resulta procedente» rechazar su empadronamiento con esa excusa.
«Vic no es xenófoba»
Vila d'Abadal compareció acompañado de los concejales Josep Burgaya (PSC) y Joan López Carol (ERC), y aprovechó la multitudinaria presencia de medios de comunicación para aclarar que «Vic no es xenófoba» sino «pionera en el modelo de inmigración».
No obstante, advirtió que «si lo que queremos es que se integre al inmigrante, se tienen que hacer las cosas con orden y de forma rigurosa y recta».
En este sentido, el alcalde envió un mensaje al Gobierno en el que pide que cumpla y haga cumplir la Ley de Extranjería y ayude económicamente a los municipios que tienen mayor numero de inmigrantes con problemas económicos y de papeles. «Esta gente tiene muchas necesidades, y el ayuntamiento los tiene que atender y los atendemos como siempre hemos hecho».
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe, Pedro Castro, aseguró que «no es legal lo que está haciendo» el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con el empadronamiento de los inmigrantes, «a pesar de lo que diga» la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Castro señaló que hay que empadronar y después se podrá hacer una ordenanza de convivencia, y añadió que en un boletín oficial de Torrejón se dice que han conseguido reducir la llegada de inmigrantes «pero en tiempos de crisis, es de Perogrullo, ha disminuido en todos los municipios».
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, advirtió que si no se aplica la ley y algún ayuntamiento impide el empadronamiento de extranjeros en situación irregular, «habrá que adoptar las medidas legales previstas». Además, aseguró que cualquier persona podría poner de manifiesto el incumplimiento de la norma y activar «los procesos legales correspondientes».
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