La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel ha emitido este jueves su primer informe ante la Asamblea General que explica que la permanencia de las políticas de anexión del Gobierno israelí es la razón por la que se incumple la ley internacional.
Según el Derecho Internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía.
«Declaraciones recientes del secretario general (de la ONU, António Guterres) y numerosos Estados miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por otro Estado es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto», ha explicado Pillay en referencia a la votación de la semana pasada de la Asamblea General en la que 143 Estados miembros, incluido Israel, rechazaron la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos.
La comisión ha indicado que, por tanto, dicho principio fundamental de la Carta de Naciones Unidas «dejará de tener sentido» en el caso de que no se aplique universalmente.
Para llegar a sus conclusiones, la comisión ha revisado las políticas y acciones empleadas por Israel para mantener la ocupación y anexar partes del territorio palestino ocupado.
Entre esas acciones, destacan cómo Israel ha sostenido y hecho avanzar su «empresa de asentamientos», que incluye las declaraciones de funcionarios de ese país que reafirman la intención de mantener el control permanente sobre la tierra en violación del derecho internacional.
«Al ignorar el Derecho Internacional al establecer o facilitar el establecimiento de asentamientos, y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han establecido hechos sobre el terreno para garantizar el control permanente de Israel en Cisjordania», ha afirmado Pillay.
Según el informe, Israel continúa violando los derechos de los palestinos individualmente y en conjunto como pueblo, ya que expropian tierras y recursos naturales, acciones que requieren confiscación, demolición y desplazamiento de los residentes.
«Hay tanto 'daño silencioso' y trauma psicológico, que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia», ha advertido el comisionado Miloon Kothari.
En este sentido, el organismo independiente de Naciones Unidas ha analizado los impactos de las políticas de ocupación y anexión específicamente en las mujeres y los niños. Además, ha asegurado que «este entorno coercitivo continuo ha fragmentado a la sociedad palestina».
El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del Gobierno de Israel que conducen a la ocupación permanente y la anexión de facto pueden constituir elementos de crímenes de derecho penal internacional, incluido el crimen de guerra de transferir, directa o indirectamente, parte de los bienes propios población civil al territorio ocupado, y el crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso.
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