Así lo ha informado la televisión militar Myawaddy este lunes, después de los rumores extendidos durante la última semana de un posible golpe de Estado por parte de los militares tras las elecciones de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas.
La televisión controlada por los militares era la única que seguía en antena tras la toma de poder del Ejército.
La declaración emitida ha sido firmada por el presidente interino, el exgeneral Myint Swe, hasta ahora vicepresidente. Como presidente en funciones, Swe ha transferido todo el poder al comandante en jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, mientras dure el estado de emergencia de un año.
Por otro lado, la oficina del jefe del Ejército ha asegurado que han tomado esta medida en respuesta a las infundadas teorías de fraude electoral y que los militares celebrarán «unas elecciones generales libres y justas» una vez acabe el estado de emergencia.
En la orden firmada por el recién investido presidente interino, se señala que «si este problema no se aborda adecuadamente (en referencia a las irregularidades que denuncian en los comicios), habrá obstáculos en la transición democrática de la nación».
Además, han indicado que se revisará el censo electoral y «reestablecerá» la comisión electoral.
Los militares ocupan las calles de la capital, Naipyidó, y de la ciudad principal, Rangún, mientras que se han cortado las líneas telefónicas y de internet, según ha informado la BBC.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES ELECTORALES
Tras los comicios electorales de noviembre en Birmania, en los que el NLD se hizo con la victoria, la oposición ha rechazado los resultados y altos cargos militares se habían pronunciado en contra de los mismos recientemente. Aunque el NLD obtuvo suficientes escaños en el Parlamento para formar un Gobierno, el Ejército había pedido que se pospusiera la convocatoria del Legislativo, que estaba prevista para este lunes.
Las detenciones se han producido en la madrugada del lunes, horas antes de que el Parlamento de Birmania comenzara su sesión de apertura tras las elecciones de noviembre, en las que el NLD obtuvo 396 de los 476 escaños, mientras que el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, obtuvo 33 escaños.
En los últimos días se había elevado la preocupación ante las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, que llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser «revocada», dejando entrever la posibilidad de un golpe de Estado militar. El Ejército cuenta con el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento, según la Constitución.
CONDENAS INTERNACIONALES
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado «enérgicamente» la detención de Suu Kyi, del presidente, Win Myint, y de otros dirigentes políticos en vísperas de la sesión de apertura del nuevo Parlamento de Birmania.
Asimismo, ha expresado su «grave preocupación» por la declaración de «la transferencia de todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a los militares», según ha comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en lo que ha considerado «un grave golpe para las reformas democráticas del país».
También Estados Unidos ha mostrado su preocupación, tanto el presidente, Joe Biden, a través de la secretaría de Prensa, Jen Psaki, como el secretario de Estado, Antony Blinken, han pedido que se libere «a todos los funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil y respeten la voluntad del pueblo de Birmania expresada en las elecciones democráticas del 8 de noviembre».
Psaki ha advertido de que Estados Unidos «tomará medidas contra los responsables si estos pasos no se revierten», algo en lo que ha insistido Blinken a través de un comunicado, subrayando que «los militares deben revertir estas acciones inmediatamente».
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