Entre las decisiones, autorizadas este martes por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu en una reunión de urgencia para tratar la situación y desveladas esta madrugada en un comunicado de su oficina, está la de autorizar a la Policía a «imponer un cierre en, o rodear, centros de fricción e incitación en Jerusalén, de acuerdo a las consideraciones de seguridad».
El gobierno ha decidido también que «además de demoler las casas de los terroristas», no se permitirá construir nada en el lugar donde estaban, con el fin de que esto eche para atrás a posibles atacantes.
Además, la propiedad de quienes lleven a cabo ataques será confiscada y se revocarán sus permisos de residencia, lo que afecta fundamentalmente a los del territorio ocupado de Jerusalén Este, que no tienen nacionalidad israelí pero si residencia.
Según medios israelíes, cerca del 80 por ciento de los atacantes de los más de 22 apuñalamientos o intentos de apuñalamiento que se han registrado desde principios de mes proceden de la parte oriental de Jerusalén.
Netanyahu y su Ejecutivo han ordenado también incrementar aún más la dotación policial, destinar 80 millones de shékels (unos 18 millones de euros) para reclutar 300 guardias adicionales para proteger el transporte público en Jerusalén, tras dos ataques en autobuses este lunes y martes, y ha autorizado a reforzar las fuerzas policiales en ciudades y carreteras con fuerzas del Ejército.
«El Ejército recibirá instrucciones para destacar unidades en áreas sensibles a lo largo de la verja de seguridad de forma inmediata», señala la nota del gobierno, que también ha ordenado que se acelere la construcción del muro a lo largo de las colinas del sur de Hebrón, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
Esta tarde, se reunirá el denominado Gabinete de Seguridad, para volver a evaluar la situación y estudiar medidas para reducir la incitación a la violencia.
La región cumple hoy dos semanas consecutivas de violencia, con ataques y disturbios en los que han muerto 7 israelíes y una treintena de palestinos, once de ellos tras perpetrar o intentar perpetrar atentados, según fuentes policiales.
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