La directora del FMI, investigada por un presunto delito económico

El Tribunal de Justicia de la República (CJR), el único competente para juzgar delitos cometidos por ministros durante su estancia en el cargo, eligió la comisión de instrucción compuesta por tres magistrados del Supremo que llevará a cabo la investigación.

Lagarde es sospechosa de haber intercedido de forma presuntamente ilegal para conceder una millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie.

El nombramiento de los tres jueces instructores era el siguiente paso del proceso después de que el pasado día 4 el CJR se mostrara favorable a la apertura de la investigación.

Los tres jueces deberán ahora determinar si Lagarde cometió los delitos de «complicidad en falsificación» y en «desvío de bienes públicos», faltas que se le imputan y por las que puede ser condenada a diez años de cárcel y 150.000 euros de multa.

El CJR autorizó la apertura de una investigación sobre la presunta influencia ejercida por Lagarde en 2008 en la atribución de una indemnización de 285 millones de euros al empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas, una de sus empresas embargadas a mediados de la década de 1990.

La entonces ministra de Economía de Francia decidió que el monto de esa indemnización fuera fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales.

Varios diputados socialistas, sorprendidos por el elevado monto que el Estado debía pagar a Tapie, acudieron a la Justicia para denunciar el procedimiento decidido por Lagarde.

Además, la acusación también considera que Lagarde conocía que algunos de los miembros de la comisión de arbitraje habían trabajado en el pasado para Tapie.

Finalmente, le reprochan además que no recurriera la elevada indemnización acordada, que con los intereses se acerca a los 400 millones de euros, suma que el Estado debe pagar a Tapie, empresario estrella en la década de 1980 y ex ministro de Urbanismo de François Mitterrand, cuyo imperio fue embargado por diversas irregularidades.