Guardias civiles de APROGC recuerdan su juramento de «derramar sangre» en defensa de España

APROGC recuerda la lealtad de los guardias civiles a la Constitución y a la ley, pero señala que el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez supone «vaciar de contenido la misión constitucional encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial». En este sentido, muestran su apoyo a los jueces que ejercen de «barrera frente a inspiraciones totalitaristas», por lo que esperan que estos últimos «encuentren el camino para preservar el Estado de Derecho». El comunicado comienza recordando que la Guardia Civil ha sido «siempre un cuerpo obediente» y que rechazan «conspiraciones».

APROGC cita el artículo 104 de la Constitución que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. «En segundo lugar, la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional», señalan.

«Estamos para cumplir y hacer cumplir la Ley sin interferir en los legítimos cambalaches de la política y de los políticos», dicen antes de mostrar su «enorme tristeza y desolación». «Los guardias civiles nos preguntamos cuándo volveremos a tener jefes que se sometan al imperio de la ley en lugar de estudiar sus fisuras», se preguntan. La asociación cuestiona las «purgas políticas de al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles, con manifiesto desprecio de la legalidad y la tradición».

La Guardia Civil, al ser un cuerpo de naturaleza militar, depende en la actualidad tanto del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, ambos jueces de carrera. Por este motivo, se pregunta por los efectos que tendrá el pacto con Junts y ERC debido a que se lanza un «mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas». «Se pretende instaurar la ley del más poderoso. ¿Si nuestros máximos responsables no se someten a los principios fundamentales del Estado de Derecho, cómo se pretende que el ciudadano lo haga?», prosiguen.

«Los guardias civiles no podemos decir que la prosperidad de la arbitrariedad como forma de gobierno sea una sorpresa», continúan, tras censurar que se «impuso el silencio, como en otras instituciones, infundiendo miedo a hablar en la Guardia Civil». La asociación también recela de la ley de amnistía que beneficiaría al expresidente catalán Carles Puigdemont atendiendo al antecedente de la ley de amnistía aprobada en 1977, antes de la aprobarse la Constitución.

«La historia evidenció hace 46 años que la amnistía a condenados por terrorismo no hizo más que reafirmar su vocación y aumentó el número de atentados», dicen en alusión a ETA, subrayando que esto «no anima a descartar una nueva crisis de convivencia y quiebra del Código Penal en todas sus posibilidades en Cataluña». Por este motivo, Desde APROGC confían en el «compromiso y tenacidad del Poder Judicial para mantener su independencia». «Esperamos que encuentre el camino para preservar el Estado de Derecho en aras de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente ante quienes sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley», han concluido.