Formentera: la pionera en poner límites al turismo
La pitiusa del sur hace más de 15 años que implementa políticas y aprueba medidas para hacer compatible la llegada de visitantes a la isla con la conservación de su frágil medio ambiente
Unas turistas se fotografía con un Mehari en el Parc Natural de ses Salines de Formentera, donde está regulado el tráfico desde 2008.
El Govern balear está decidido a salvar la gallina de los huevos de oro del archipiélago y que la saturación turística no se lo lleve todo por delante. Para ello, ha impulsado un Pacto por la Sostenibilidad en la que un grupo de expertos coordinados por el economista Antoni Riera establecerá una hoja de ruta que servirá para redefinir la estrategia turística de Balears en el futuro. Sin embargo, hay una isla que desde hace casi dos décadas tiene claro que la actividad turística no podía tener manga ancha en su territorio y decidió tomar cartas en el asunto y empezar a regular el acceso a determinados puntos sensibles de su geografía. Es el caso de Formentera, la isla más meridional de las Balears con apenas 83 km2 de superficie y una población residente de 11.500 personas. Una cifra que en agosto suele multiplicarse por tres y que llegó a su punto más alto en 2017, con una presión humana de 40.994 personas en un solo día sobre la pitiusa del sur.
PRIMERAS MEDIDAS. El 2007 fue crucial para Formentera ya que fue el año en el que su ayuntamiento se convirtió en consell insular, lo que le permitió asumir una serie de competencias que han posibilitado la implantación de medidas para, por ejemplo, regular la circulación de vehículos en puntos sensibles de la isla. Apenas un año después, en 2008, el primer equipo de gobierno del Consell Insular de Formentera estableció límites en el acceso al Parc Natural de ses Salines y, concretamente, a playas como es Cavall d'en Borràs, ses Illetes y Llevant. «Creo que tuvo mucho mérito porque podríamos no habernos arriesgado, pero teníamos las competencias y el compromiso como partido y lo hicimos», asegura la que fuera consellera de Medi Ambient de Formentera entre 2007 y 2015, Sílvia Tur.
La también exdiputada por Formentera en el Parlament recuerda que en los años 2005 y 2006 Formentera estaba invadida por ‘motorinos' conducidos principalmente por turistas italianos y que esta medida «fue muy bien recibida por una mayoría social, aunque también hubo un sector crítico y escéptico como los restauradores de estas playas o partidos como el PP y el GUIF». Sin embargo, cuando la iniciativa se puso en práctica «todo el mundo vio que era necesario poner orden», asegura Tur, quien añade que otra medida importante para reducir la presión humana en esta zona del Parc Natural de ses Salines fue la reducción de elementos como hamacas y sombrillas en las concesiones otorgadas en 2012. En la actualidad, el control de acceso a ses Illetes y Llevant está activo entre mayo y septiembre con una capacidad máxima de aparcamientos autorizados de 384 coches y 1.132 motocicletas. Los turismos deben pagar por aparcar en estas playas entre 4 y 6 euros dependiendo de la época del año, mientras que las motocicletas entre 2 y 4 euros. Peatones, bicicletas y vehículos eléctricos tienen acceso gratuito, mientras que los vehículos híbridos pagan la mitad. Los quads tienen el acceso prohibido.
CONSENSO. Uno de los hitos de Formentera a la hora de regular el flujo de turistas se consiguió en el verano de 2019 con la puesta en funcionamiento de la limitación a la entrada de vehículos a la isla. Una iniciativa, formentera.eco, que se consiguió llevar a cabo gracias al consenso que suscitó en la sociedad formenterense y en sector político, turístico y económico de la isla. «Al principio es verdad que puede causar respeto o asustar, pero se ha visto que el regular el flujo de turistas no es necesariamente malo», apunta Juanma Costa, presidente de la Asociación Hotelera de Formentera. Costa, que fue alcalde de la isla entre 2003 y 2005, destaca que el pueblo de Formentera «solemos ir todos de la mano en los principales objetivos. Todos tenemos claro de qué vivimos y hacia dónde tenemos que ir».
Formentera.eco estableció un techo en el número de vehículos que pueden entrar por vía marítima en los meses de verano, así como la cifra de coches de alquiler que puede haber sobre la isla además de cobrar una tasa a los que no son residentes en Balears por llevar su vehículo a Formentera. Un umbral que se ha reducido año tras año un 4% y que ha servido para frenar la saturación en las carreteras de la isla. «El cupo se ha llenado puntualmente algún día de agosto, pero en el resto de meses no ha habido ningún problema y el que ha querido ha podido traer su vehículo», destaca el hotelero formenterés, quien asegura que la limitación a los vehículos en el Parc Natural de ses Salines también «está siendo positiva».
En este sentido, Juanma Costa señala que el objetivo ahora sería el de favorecer al turista que se aloja en la isla en detrimento del excursionista que visita Formentera y vuelve a Eivissa el mismo día. Otras medidas que se han implantado en Formentera en los últimos años han sido la prohibición de llegar en vehículo a motor a ciertos puntos críticos, como el caso del faro del Cap de Barbaria, donde en verano solo se puede llegar a pie o en bicicleta. Desde 2022 también se ha restringido el tráfico en temporada alta en es Caló des Mort y es Ram y se ha puesto orden al fondeo en s'Estany des Peix.
La exconsellera Sílvia Tur considera que las medidas que se puedan llevar a cabo a partir de ahora a nivel balear «hubiese sido deseable que se hubieran tomado hace 15 años. La gente está preparada para este tipo de medidas si ve que detrás hay un plan y un proyecto, pero la política llega tarde». Además, reclama «dar un paso más». «Cuando eres pionero y has sido valiente y te has arriesgado, no te puedes parar. Ahora, en Formentera, estamos en un punto de inflexión y corremos el peligro de estancarnos si no hay estabilidad y no se dan pasos más valientes», avisa Tur. Costa, sin embargo, opina que «no tiene que ser una carrera para ver quién aplica las medidas más restrictivas». De momento, el Parlament ya tramita una ley que permitirá a Eivissa controlar la llegada de vehículos a partir de 2025.