Estamos inmersos en una sociedad cambiante, donde las tecnologías de la información y de la comunicación, a partir de ahora TIC, se han convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas. Esta situación contribuye al incremento de las oportunidades, pero, al mismo tiempo, supone un aumento de las desigualdades sociales. Y es que como cualquier otro avance tecnológico, las TIC presentan sus inconvenientes: el riesgo de exclusión, el peligro de diferenciar a aquellas personas que pueden y saben acceder a este nuevo paradigma social de aquellos sectores de la población que no saben hacer uso de los recursos digitales. Esto es, no tienen competencias digitales y, por tanto, no pueden sacar provecho de los beneficios que implican. Así, la exclusión digital se entiende como la brecha entre el uso de las nuevas tecnologías y el acceso a la red por parte de las personas más vulnerables.

Actualmente, la exclusión digital no es sólo una consecuencia de la desigualdad económica, sino que se convierte en su causa, ya que la proliferación de las sedes electrónicas y trámites burocráticos por internet hace que muchas veces las personas se vean limitadas al acceso a los servicios públicos y privados. No en vano, hoy en día es fundamental tener conocimientos informáticos.

De acuerdo con el Informe Sociedad Digital en España 2023, auspiciado por la Fundación Telefónica, el 79,7% de las personas de entre 16 y 74 años utilizaron en 2022 páginas web o aplicaciones móviles de alguna Administración. Sin embargo, si nos focalizamos en la población que no interactuó, esta supone un 20,3%. Está claro, que uno de los colectivos que más sufre la brecha de habilidades digitales es el de las personas mayores, pero en este articulo quiero incidir en la brecha asociada al grado formativo de la población. Según datos del Ibestat, en Balears en el año 2022, el 83% de las personas con educación primaria finalizada no pudo acceder a su información personal almacenada dentro de la administración electrónica. Fueron un 54% los que no pudieron acceder con la educación secundaria finalizada. Estos datos, ponen de relieve la exclusión digital va más allá del acceso a internet.
Así pues, la exclusión digital referida a las capacidades de los ciudadanos afecta directamente a la igualdad de oportunidades. Dicha exclusión es un handicap clave para poder encontrar trabajo y que se vincula, directamente, a la precariedad laboral. Así, en un momento como en el actual, la falta de alfabetización digital es directamente proporcional a la falta de empleabilidad y a un peor desarrollo profesional, dado que las personas que padecen dicha exclusión tienen serias dificultades para buscar trabajo o no saber hacerlo de forma óptima.

Respecto a las iniciativas impulsadas por las instituciones públicas y los grandes operadores de internet, éstas se han centrado básicamente en resolver el acceso a internet, pero han olvidado los aspectos relacionados con el uso de las TIC. En este sentido, realmente sólo las entidades del tercer sector social han focalizado sus esfuerzos en disminuir la brecha digital, en tanto que han puesto en marcha proyectos de alfabetización digital para personas en situación de vulnerabilidad social. Un ejemplo de ello, entre otros, es el Proyecto Socioeduativo Naüm, que interviene en Son Ximelis, una de las barriadas con más índice de personas analfabetas de Palma. Esta entidad, gracias al proyecto Son Roca Activa, realiza talleres de competencias digitales, el cual no solo está permitiendo a muchos vecinos del territorio acceder más fácilmente a sus trámites burocráticos, sino que también está incidiendo en su empleabilidad, dado que aprenden a buscar trabajo en el entorno online.

Por tanto, el acceso y la capacitación en el uso de las TIC deben verse como una condición imprescindible para permitir el desarrollo personal y profesional y avanzar en la igualdad de oportunidades.