Tráfico marítimo en Sant Antoni
Sant Antoni continúa sin despejar el futuro del puerto
Llaüts amarrados a uno de los pantalanes del Club Náutico de Sant Antoni. | Daniel Espinosa
El futuro de la bahía de Portmany, que abarca parte del litoral de los municipios de Sant Antoni y de Sant Josep al oeste de la isla de Eivissa, está en el aire. El próximo 31 de diciembre termina la moratoria que ahora impide la llegada al puerto de Sant Antoni de barcos con mercancías y vehículos a bordo. Una moratoria que fue aprobada en febrero de 2019 por el consejo de administración de Ports de les Illes Balears (Ports IB) y ratificada por el Consell de Govern a petición del Ayuntamiento de Sant Antoni, que en 2017 aprobó por unanimidad de todas las formaciones políticas reclamar al Govern balear el cierre del puerto a los grandes ferris que realizaban la travesía entre la Península y Sant Antoni, el puerto del archipiélago balear más cercano al continente.
A escasos dos meses del final de la moratoria, el Govern, que es quien gestiona este puerto, todavía no ha tomado una decisión. “La voluntad es la de hablar las cosas y llegar a acuerdos. En los próximos meses nos reuniremos para poder definir y tener una respuesta que no puedo dar en estos momentos. Antes de que acabe el año habrá una propuesta definitiva”, aseguraba el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, en su última visita a Sant Antoni el pasado mes de septiembre. Y desde el equipo de gobierno del municipio ‘portmanyí' -formado por un tripartito entre Partido Popular, Proposta per Eivissa y Ciudadanos- tampoco se lo ponen fácil ya que la división en su seno es máxima. Por un lado, la coalición Proposta per Eivissa (de la que forma parte El PI) acaba de anunciar que es partidario de que no vuelvan los grandes ferris cargados de mercancías a la bahía. En cambio, Ciudadanos pide abiertamente que estas embarcaciones vuelvan a operar en Sant Antoni. El PP, por su parte, todavía no se ha posicionado. “La opinión está muy dividida en el municipio. Queremos buscar el máximo consenso”, se limita a decir el alcalde, el popular Marcos Serra. Finalmente, el Consistorio no podrá llevar a cabo la consulta ciudadana a la que se había comprometido al carecer de competencias sobre la cuestión a tratar: el puerto. En la oposición, PSOE y Unidas Podemos están a favor del cierre del puerto al tráfico de mercancías y vehículos, ya que consideran que su presencia conlleva más perjuicios que beneficios al pueblo. Esto supone que en el pleno las fuerzas políticas contrarias a los ferris son mayoría.
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