El juez ludita

Las patronales hoteleras deberían presentar como candidato este año al juez Javier Ercilla de Gran Canaria que ha declarado improcedente el despido de Estíbaliz por parte de una empresa hotelera que había implantado un programa informático que realizaba las labores administrativas y contables de esta con mayor eficiencia y menor coste.

Según el joven y barbado juez, de aspecto “progre”, para que el despido sea objetivo haría falta una causa excepcional, como si lo hubiera leído en el Fuero del Trabajo. Se enfrenta así al futuro con mentalidad ludita, pero por supuesto sin recurso a la violencia.

Los luditas, seguidores del inexistente Ned Ludd –era solo una firma en las cartas amenazantes–, destrozaban los telares que reemplazaban a los tejedores a comienzos del XIX con inusitado fanatismo. Hay que señalar que los obreros no tenían quien les protegiera, al estar prohibidos los sindicatos. Fue necesario utilizar a miles de soldados para lograr el éxito de la represión que terminó con un par de docenas de luditas ahorcados y bastantes más deportados a Australia.

Según varios historiadores, ellos no luchaban contra el uso de las máquinas sino que defendían a la indefensa clase obrera, pero Marx y Engels no lo veían así. Para ellos todo lo que contribuyera al progreso era un avance hacia la sociedad sin clases, por lo que los ludistas no eran más que contrarrevolucionarios culpables de un pecado de juventud del movimiento obrero, ochenta años antes de que Lenin escribiera algo parecido del izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo.

Por supuesto la sentencia no impide el despido sino que lo encarece. La empresa lo paga, sus beneficios disminuyen y en consecuencia también los impuestos que paga, es decir todos terminamos pagando un poco.

Parece que en España estamos necesitados de unos cuantos cursos de socialdemocracia a la escandinava, que no defiende los puestos de trabajo -que son libres decisiones de las empresas- sino a los trabajadores con todo tipo de ayudas para que puedan, en primer lugar, subsistir dignamente al quedarse desempleados y con la enseñanza del necesario aprendizaje para buscar un trabajo en la nueva economía dominada por los avances tecnológicos. Es la llamada “flexiseguridad” que está garantizada por la presencia sindical en los consejos de administración de las grandes empresas.

Los jueces no deberían recomendar al Estado que se entrometa excesivamente en las decisiones laborales de las empresas, y este tiene que exigir un adecuado compromiso fiscal para financiar la necesaria reconversión. Las narices del Estado deben centrarse en oler los impuestos, con lo que además se evitaría que cada vez que surge una dificultad las empresas acudan raudas a pedirle ayuda, es decir que todos paguemos sus pérdidas.