Hay historias que parecen no tener fin y, en el campo del patrimonio ibicenco, la del teatro Pereira es una de ellas. Tras haberse llegado a un acuerdo en la pasada legislatura por el que los propietarios cedían el Pereira para que la institución se hiciera cargo del inmueble durante cuarenta años, asumiendo su mantenimiento y las reformas necesarias, ahora, tras haber caducado dicho convenio, la intención de la máxima institución insular ibicenca es la de regresar a la idea de la compra del edificio para darle una titularidad pública.
Así lo anunció la consellera de Política Patrimonial i Agricultura al referirse al acuerdo adoptado por el equipo de gobierno en el Consell Executiu celebrado ayer. Torres señaló que la decisión de no renovar el convenio citado anteriormente fue comunicada por carta por parte de los propietarios del Pereira al Consell, que dio por buena dicha situación. El convenio, firmado el 5 de mayo de 2004, establecía que la institución se comprometía a iniciar las obras de reforma del antiguo teatro en un plazo máximo de dos años. Poco después el plazo se amplió en un año más, que venció el pasado 5 de mayo.
«Entendemos que es del interés de las instituciones y del pueblo poder disponer de este edificio. Ahora tenemos la intención de iniciar las negociaciones con la familia de los propietarios para la compra del inmueble, que es un Bé d'Interés Cultural (BIC), para uso público», explicó Torres.
Además, se trata de restablecer una anomalía sobre el inmueble, puesto que como BIC debería poder ser visitado por los ciudadanos, tal y como marca la ley, algo que hoy por hoy no es factible.
«Ahora empezaremos por ver si podemos llegar a un acuerdo para la compra», apuntó la consellera, quien, preguntada sobre la predisposición de los propietarios, añadió que «en principio» desde el Consell se «sospecha que hay un interés de los mismos para vender el edificio».
En caso de llevar a buen puerto las negociaciones, Marga Torres explicó que el Pereira, «un BIC que ha sito utilizado para teatro y como sala de cine», necesitará toda una serie de actuaciones «para poder adecuarlo a los usos actuales, atendiendo a las características del local».
Asimismo, la consellera sí que reconoció que los intereses del Consell y de los propietarios coinciden en la intención de «mantener y conservar» el inmueble, «tanto si se le puede extraer un uso como si no». Torres aprovechó el momento para remarcar que la política del nuevo equipo de gobierno del Consell «está encaminada a que los bienes que tenemos estén bien conservados».
Pese a haber caducado el convenio tras tres años en vigor y sin que se iniciara ninguna obra, Torres no pudo confimar ayer si existía una previsión presupuestaria por parte del Ejecutivo anterior para iniciar dichos trabajos. Al respecto, la consellera dijo que debía «comprobar si hay prevista una partida para esta hipotética rehabilitación». Pilar Costa, que acompañó a Torres en su comparecencia ante los medios, matizó que «en principio no se había comenzado a rehabilitar nada en los últimos dos años y no creemos que haya una partida. Tampoco existe ningún acuerdo de compra anterior ni ningún documento firmado que ahora pudiera reclamarse». La consellera de Política Patrimonial puntualizó entonces que de existir dicho presupuesto en las cuentas públicas, el dinero sería destinado a otras opciones patrimoniales.
Por su parte, Torres reconoció que también habría que entablar conversaciones con el Govern balear para la financiación de la compra, aunque especificó que lo que toca ahora es hablar con los propietarios «y entre todos llegar a la mejor solución».
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