El Consell de Govern de este viernes ha aprobado un decreto ley de actuaciones urgentes destinadas a obtener suelo en Palma que prevé facilitar la construcción de 20.000 viviendas en el término municipal, la mitad de ellas en régimen de protección, tanto viviendas de protección pública (VPP) como viviendas de precio limitado (VPL).
Así lo ha anunciado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.
Según ha explicado, el decreto ley crea la figura de proyectos residenciales estratégicos (PRE) a través de la que se prevé desbloquear suelos cuya vocación es la construcción de vivienda en un plazo de entre un año y medio y dos años --actualmente es de más de diez años--.
Por otro lado, Mateo ha afirmado que el decreto ley se ha trabajado conjuntamente con Vox desde hace meses y, a su parecer, va en la línea de lo que han defendido los de Santiago Abascal en los últimos meses.
«Confío en el bueno criterio de Vox», ha dicho el conseller, agregando que desde el Govern siguen dispuestos a negociar la iniciativa para que sea aprobada en el Parlament.
La creación de los PRE es, ha detallado Mateo, una medida urgente y extraordinaria para aumentar la oferta de suelo destinada a vivienda, para desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables ya previstos en el Plan General de Palma de 2023.
El departamento de Vivienda prevé que con este decreto ley se podrán facilitar la construcción de más de 20.000 viviendas. Teniendo en cuenta que una de las condiciones de esta nueva figura es que se tiene que reservar el 50 por ciento para viviendas sometidas a un régimen de protección, se estima la creación de más de 10.000 viviendas a precio asequible en Palma, en algún régimen de protección.
Además, se deberá ceder al Ayuntamiento de Palma un 15 por ciento del aprovechamiento para hacer vivienda de protección pública, y se incrementan las edificabilidades y las densidades en los suelos urbanos y los suelos urbanizables.
En concreto, se establece una densidad máxima de 225 habitantes por hectárea para poder hacer más viviendas sin afectar nuevo territorio. Así, el conseller ha destacado que la creación de los PRE no supone consumir más territorio del ya previsto en el planeamiento municipal de Palma.
Los proyectos residenciales estratégicos se ejecutarán en suelos urbanos pendientes de transformar (como las áreas de renovación urbanas, las áreas de rehabilitación integral o las unidades de ejecución delimitadas en el Plan General de Palma o en el Plan de Reconversión Integral de la Playa de Palma) y en suelos urbanizables.
Entre otras condiciones generales, también se establece que deberán tener un mínimo de 100 viviendas y podrán ser de iniciativa pública o privada, y supondrán una reducción de plazos, al beneficiarse de una tramitación urgente y preferente de las licencias y de un procedimiento unificado.
En un mismo procedimiento, se podrán tramitar el plan de ordenación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización, las tres fases de los PRE, de forma que se reducirán los plazos de tramitación de manera muy significativa.
Al detalle, el impacto de los PRE se estima en la construcción de entre 15.000 y 18.000 en suelos urbanizables y unas 5.000 en suelos urbanos pendientes de transformar, de las cuales, como mínimo la mitad se destinarán a vivienda de precio asequible.
MEDIDAS CONJUNTO DE BALEARES
Para el conjunto de las Islas, el decreto ley incorpora nuevas medidas enfocadas en el aumento de la oferta de vivienda asequible para los residentes en todos los municipios del archipiélago.
Así, establece el requisito de cinco años de residencia en el municipio en el que se encuentre ubicada la promoción de viviendas sometidas a un régimen de protección, e incluye nuevas medidas para acelerar la promoción pública de vivienda y reducir de forma notable los plazos actuales de la tramitación urbanística.
En este sentido, se incorpora un procedimiento exprés para desarrollar promociones de vivienda pública en cualquier tipo de suelo, excepto el suelo rústico protegido, a través de una declaración de interés autonómico del Consell de Govern con un informe previo del ayuntamiento y posterior autorización del proyecto por parte del Consell de Govern, de forma que se pueda reducir considerablemente la puesta en marcha de una promoción.
Asimismo, introduce cambios en relación con la vivienda de precio limitado para garantizar que el 30 por ciento de estas viviendas de una promoción se reserven a menores de 35 años, y se establece que los titulares o promotores de diez o más VPL tendrán que garantizar esta reserva para jóvenes durante un plazo de dos años a partir de la inscripción de la obra nueva.
El decreto ley también regula medidas para aprovechar y desarrollar los ámbitos pendientes de las Reservas Estratégicas de Suelo (RES). En este caso, se aumenta la densidad en las RES para poder construir más viviendas sin incrementar superficie y se establece el procedimiento de urgencia en las licencias urbanísticas municipales relativas a los proyectos de edificación derivados de las RES.
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