En una rueda de prensa ofrecida este martes, la entidad ecologista ha anunciado que solicitará por carta al líder del Ejecutivo central esta medida, ya que, a su juicio, el decreto "vulnera" distintos artículos de la Constitución y supone una "regresión ambiental".
La representante del GOB, Francisca Mas, ha apuntado que esta es una de las iniciativas jurídicas que barajan para detener esta normativa y en caso de que Sánchez rehúse presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional, plantearán esta posibilidad a través de los diputados de los diferentes grupos políticos presentes en el Congreso --se necesita un mínimo de 50 para presentarlo--.
De esta manera, si prospera cualquiera de las dos opciones, el decreto podría quedar suspendido en caso de que el Constitucional admitiera a trámite el recurso y tendría seis meses más para pronunciarse sobre su constitucionalidad.
En la carta, el GOB hace una exposición jurídica en la que sostiene que el decreto de simplificación administrativa "vulnera" los artículos 9, 45 y 86.
Para el GOB, la fórmula del Decreto-Ley debe usarse sólo en situaciones de "necesidad extraordinaria y urgente" pero, desde su punto de vista, "no hay nada" en el la normativa que "encaje en una premisa de ese estilo".
"No es urgente dejar construir en zonas de protección de riesgo. No existe ninguna urgencia en legalizar construcciones en rústico que responden a estrictos intereses particulares. No es ninguna necesidad extraordinaria provocar competencia desleal a las actividades económicas en rústico", han recalcado.
El GOB ha recalcado que la regulación para impedir nuevos asentamientos dentro de zonas con peligro de incendio o inundación, surgió "después de muchos casos que habían terminado en tragedia". El representante del GOB Menorca, Miquel Camps, ha incidido en que pretender "olvidar" estas precauciones, "sólo puede explicarse para satisfacer determinados casos con intereses particulares", pero "nunca como una ordenación con una mínima racionalidad".
El ecologista menorquín ha criticado que se haya modificado el concepto de 'interés general' de las construcciones y ha apuntado que ahora "ya no es necesario que los beneficios de los proyectos trasciendan los meros intereses individuales", como se exigía en la legislación hasta ahora vigente.
"AGRAVIOS COMPARATIVOS" ENTRE LOS PROPIETARIOS EN RÚSTICO
Camps también ha puesto el acento sobre la disposición que permite legalizar construcciones en rústico, puesto que, a su modo de ver, representa una norma "arbitraria" que "genera agravios comparativos entre la ciudadanía".
"A cualquier persona que quiera realizar una construcción en suelo rústico se le pide una parcela mínima, unas alturas máximas, no superar determinadas volumetrías, o de otros parámetros urbanísticos, además de contratar técnicos cualificados y pagar las oportunas licencias. Ahora, se pretende legalizar miles de construcciones sin pedir el cumplimiento de los parámetros urbanísticos que rigen para quienes hacen las cosas bien", ha reprochado.
La presidenta del GOB Mallorca, Margalida Ramis, ha reprochado que este decreto "no está orientado para familias y personas con economías modestas" que tenían una pequeña construcción en suelo rústico, ya que, de ser así, el Govern habría delimitado los edificios que se podrán acoger a la "amnistía urbanística", que incluso permite legalizar obras realizadas en estos inmuebles.
En este misma línea, ha ahondado Camps al resaltar que esto supondrá una "revalorización inmobiliaria brutal" y añadirá "más presión" sobre el suelo rústico de Baleares.
El GOB ha destacado que esto resulta "grave" en el caso de negocios, porque permitir legalizar negocios en rústico "sin exigirles los mismos parámetros que han tenido que cumplir los que han puesto negocios similares en marcha, se convierte en competencia desleal". En este punto, ha puesto el ejemplo del parque acuático de Biniancolla en Menorca.
AUMENTO DE LOS PARÁMETROS PARA HACER UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Por otro lado, han insistido en que el decreto modifica la Ley de Evaluación Ambiental, para aumentar "sustancialmente" determinados límites que hasta ahora marcaba la obligación de realizar evaluación ambiental. Por ejemplo, debían pasar la declaración los embalses de agua superiores a 500.000 m3 y ahora se cambian por dos millones m3, es decir, cuatro veces más, sin explicación alguna.
"Tampoco está explicado el cambio que puede evitar declaración de impacto ambiental a los proyectos de regeneración de playas. Hasta ahora, tenían que hacerlo todos los proyectos de este estilo y ahora sólo aquellos que superen los 500.000 m3", han matizado.
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