En un escrito, recogido por Europa Press, Anticorrupción insta al magistrado Ismael Moreno a que reivindique «la competencia respecto de los hechos y delitos investigados en el presente procedimiento, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario». En el mismo, solicita al juez «que se remita testimonio de las actuaciones a la Fiscalía Europea y el planteamiento de la cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», que será la encargada de resolver quién asume finalmente la causa.
Para Anticorrupción, «no hay duda de que existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la UE». «En primer lugar, porque la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos», deja claro la Fiscalía.
En segundo lugar, y «atendiendo a los bienes jurídicos afectados», el Ministerio Público recuerda que el 'caso Koldo' engloba supuestamente «una trama que ha comprometido el normal funcionamiento de la Administración española, teniendo actualmente la condición de investigados un asesor -Koldo García-- del que fuera ministro responsable Ministerio de Transportes», José Luis Ábalos, «el subsecretario de este Ministerio y varios responsables de Puertos del Estado y de ADIF, además de dos miembros de la Guardia Civil».
Pero es que, además, según Anticorrupción «no cabe hablar en el presente caso de indivisibilidad», puesto que «la investigación del juzgado» de la Audiencia Nacional «es mucho más amplia y compleja y alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia que podríamos llamar directa de la Fiscalía Europea».
DESBORDA A LOS FONDOS EUROPEOS
«Lo que investiga el juzgado es una trama que desborda con mucho la mera adjudicación de unos contratos afectos a fondos europeos, pues se expande por distintas Administraciones Públicas, ajenas a cualquier financiación de fondos europeos, una organización que preexistía a las adjudicaciones afectadas por fondos europeos y que ha subsistido a la celebración y ejecución de los correspondientes contratos», recuerda.
En este contexto, la Fiscalía incide en que «se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española y, por consiguiente, debe ser este Juzgado», el de Ismael Moreno, «el competente para la investigación de todos los contratos frente a la Fiscalía Europea cuya principal finalidad y cometido es la protección de los intereses financieros de la Unión Europea». «Respecto de los que, repetimos, no hay indicios de que se hayan visto perjudicados», añade.
Según Anticorrupción, «en principio y a salvo siempre del superior criterio que establezca del Tribunal Supremo, el Juzgado Central de Instrucción Número 2 emerge hoy como el competente para continuar la investigación». Y es que, alerta, «otra interpretación ocasionaría un perjuicio irreparable a la instrucción de la causa y a los propios investigados».
Esta «preferencia» de la Audiencia Nacional sobre la Fiscalía Europea «deriva de la complejidad de la investigación, de los medios para afrontarla eficazmente y del tiempo ya dedicado a la instrucción del caso», según se desprende del escrito.
En el mismo, solicita al juez «que se remita testimonio de las actuaciones a la Fiscalía Europea y el planteamiento de la cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», que será la encargada de resolver quién asume finalmente la causa.
LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA
Cabe recordar que fue el pasado 30 de mayo cuando la Fiscalía Europea anunció su decisión de asumir la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, conocido como 'caso Koldo', incluidos los contratos adjudicados por Canarias, Baleares y varios ministerios.
«Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», indicaba el comunicado enviado por la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés).
Todo ello en el marco de la causa en la que se investiga a Koldo García y otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
2 comentarios
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No nos podemos fiar de Europa ya....................
Paripé como con los ERE....10 años de juicios y los cabecillas aún no están en prisión, existiendo sentencia firme.... De risa!!