La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares ha advertido este viernes que la mayoría de ayuntamientos de Baleares no estén dispuestos a aplicar el decreto de vivienda «por falta voluntad» y para «evitar conflictos» dentro de los propios municipios.
En una rueda de prensa, el vicepresidente de la asociación Óscar Carreras, ha lamentado que los consistorios «hayan ido a lo fácil» y estén desaprovechando la oportunidad que se les brinda desde el Govern para facilitar vivienda. «Siempre se acusa a los promotores de especula y ha llegado la hora de dar la vuelta al argumento», ha afirmado.
Los promotores celebraron este jueves su asamblea general en la que trasladaron que solo Palma, Inca, Andratx y Calvià (Mallorca), Santa Eulària (Ibiza) y Ferreries y Sant Lluís (Menorca) hayan mostrado disposición de aplicar la propuesta del Ejecutivo autonómico.
«Hay pocas excusas», ha insistido Carreras, cuando se está dando la oportunidad de impulsar tramitaciones por la vía de urgencia. Para el presidente de los promotores, Luís Martín, es «lamentable» que los consistorios «desprecien» el texto. «Les dan una oportunidad y ayuntamientos de todos los colores lo están rechazando», ha alertado.
El presidente de la asociación ha enmarcado el decreto de emergencia habitacional, que permite aliviar la falta de vivienda sin consumir territorio ni recursos extra, en las buenas medidas que a su juicio está impulsando el Govern «para desbloquear el maligno mercado de la vivienda».
Por este motivo, ha lamentado que solo ayuntamientos como el de Palma estén trabajando expresamente en la norma para poner vivienda asequible en el mercado.
Aunque ha admitido que el texto es técnicamente mejorable, Luís Martín ha expresado su confianza en que a lo largo de la tramitación parlamentaria pueda mejorar y pueda dar resultados a corto plazo.
El representante de los promotores ha celebrado otras medidas impulsadas por el Ejecutivo de Prohens, con quien las reuniones son constantes y con quien ha resaltado la sintonía, como el decreto de simplificación administrativa y el impulso a una nueva ley de urbanismo.
Martín, sin embargo, ha señalado como una cuestión pendiente y que de verdad dará un impulso a paliar la falta de vivienda, la necesaria agilización de los urbanizables. «El decreto de emergencia habitacional no deja de ser un parche, la solución a la vivienda es que en municipios como Palma, con urbanizables con más de 20 años en tramitación, esta cuestión se agilice», ha afirmado. En la capital, hay en urbanizables una bolsa de unas 13.000 viviendas.
DESCLASIFICACIÓN DE MULETA
Por otra parte, en relación a los 96 millones de euros que deberá pagar el Govern por la desclasificación de Muleta II, los promotores han criticado la «soberbia» de los políticos que tomaron una decisión y ha considerado que «por ley debería haber implicaciones patrimoniales para quienes tomaron esa decisión».
«Ser políticamente ecologista sale barato, ser ciudadano es muy caro. Tocaremos a unos 100 euros», ha asegurado. El presidente de los promotores ha recordado que la administración esperó a que se urbanizara para desclasificar y que se podría haber negociado para que el coste de la administración fuera menor.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
A preguntas de los medios, Luís Martín se ha referido a sus declaraciones sobre la Comisión de Medio Ambiente --«en un foro dijo que habría que quemarla-- y, aunque ha asegurado que no se arrepiente, ha añadido que »debe existir".
Martín ha lamentado que sus declaraciones informales se hayan tergivesado mediática y políticamente y ha recordado que dijo que «habría que quemarla y empezar de nuevo» lamentando que el buen trabajo de los técnicos se «intoxique» por la dirección.
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