Afirmó que, en agosto de 2020, el IB-Salut realizó una certificación que acreditaba que el material era correcto.
El 12 de agosto, cuatro meses después de que llegaran las mascarillas, el subdirector de compras emitió un certificado de conformidad sobre la ejecución del contrato y aseguró que la empresa había realizado el suministro «de manera satisfactoria y sin conocimiento de incidencias».
Certificación ordinaria
Fuentes del PSIB aseguran que se trata de una certificación ordinaria, pero quedó registrada en las alegaciones de la empresa, a la que el Govern aún no ha respondido.
Esta certificación, junto con la tardanza en reclamar el dinero, son las dos argumentos que esgrime el actual Govern para intentar poner en marcha otra reclamación administrativa. Creen que la que se inició a raíz de la propuesta del 6 de julio no tiene posibilidades de prosperar.
Es una de las bases para estudiar la presentación de otra reclamación a la vista de las nuevas informaciones que han aparecido. Pero además, hay otra razón que justifica esta reclamación.
Todo el dinero
El actual Govern asegura que quiere recuperar todo el dinero que se pagó, los 3,7 millones de euros, y no solo los 2,6 millones de sobrecoste de la operación. Ha anunciado que actuará por la vía penal para solicitar el reintegro de la cantidad global y señala que, en ese sentido, no es lógico que haya una demanda administrativa en la que solo se pide una parte.
El Govern balear trabaja en la posible presentación de esta nueva reclamación administrativa mientras la Abogacía de la Comunitat ya tiene prácticamente listas las alegaciones para que el juez le permita personarse en la causa como parte perjudicada. El juez rechazó la petición del Govern porque las mascarillas se pagaron con fondos europeos, pero el Ejecutivo de Prohens ha renunciado a esta subvención. Eso significa que el material se terminó pagando, finalmente, con dinero del Govern. En cualquier caso, la Fiscalía europea ha abierto una investigación sobre esta causa.
2 comentarios
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Hay mas chanchullos tambien han concedido interes autonimico a un proyecto a Red Electrica el uktimo dia de legislatura financiado con fondos europeos unos 53000000 de euros a una rmpresa politizada pues la directora geberal es uns exministra del gobiernobde Zapatero con una supuesta sostenibilidad y destrozando una zona rustica de alro valor ecoligico y paisajisrico sin contar con los vecinos esperemos actual gobierno lo pare
Que esta señora y quien certificó las mascarillas paguen de su bolsillo. Los tontos que trabajamos de verdad y pagamos como más tontos los impuestos estamos cansados ya de tantas mentiras . VIVA ESPAÑA